Catorce residencias han cerrado sus puertas en el último año y cinco cuenta con expediente sancionador y orden de clausura. Un año después del suceso de la residencia de Santa Fe de Zaragoza, donde murieron nueve personas, el Gobierno de Aragón ha hecho este viernes balance de la situación de los centros de mayores y ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo plan de inspección, que controlará que las instalaciones cumplen con la normativa y ofrecen un servicio de calidad.

Así, este plan, que tendrá una vigencia de dos años, supervisará además de la normativa, otras cuestiones como el uso, deposito y acopio de los medicamentos o la autonomía, libertad y dignidad de las personas. “Este plan demuestra el compromiso del Gobierno de Aragón con el respeto de los derechos de los ciudadanos y con la mejora de la calidad de los servicios que se prestan”, ha asegurado el secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, José Antonio Jiménez, que ha recalcado que en estos momentos la calidad que se presta en todas las instalaciones aragonesas es la “adecuada y correcta”. De hecho, ha destacado que en el último año se han inspeccionado 270 residencias, a una media de más de una por día.

Desde julio de 2015 a 30 de junio de 2016 se han otorgado 40 autorizaciones provisionales de apertura y 31 definitivas, se ha aprobado un cambio de ubicación física, en siete casos se les ha permitido un cambio de tipología, aumento o disminución de capacidad y se han denegado 65 solicitudes.