Los trabajadores del COA sobrepasan el año y medio de huelga indefinida, sin avances

En noviembre de 2014, los educadores del Centro de Observación y Acogida (COA) comenzaron una huelga que todavía continúa. La razón de esta movilización se encuentra en el pliego de condiciones para asumir la gestión de este centro de menores. Según Javier Itxaso, portavoz del colectivo Educadores en Lucha, este pliego contenía un recorte presupuestario encubierto, ya que el precio de adjudicación era similar al de los años anteriores (en los pliegos de 2010 el presupuesto anual era de 988.000 euros sin IVA y en los de 2014 se reducía hasta los 980.631,67), pero incluía nuevos gastos para la empresa adjudicataria.

De este modo, la compañía debería pagar (además de los sueldos de los trabajadores y los proyectos educativos) el gasto de ropa, material escolar, farmacia, dentista... que tendrán los menores durante su estancia (excepto manutención). “De este modo, según aseguró el consejero Oliván a una pregunta parlamentaria de IU, durante 2013, estos gastos ascendieron a 28.000 euros anuales”, especifica Itxaso. Una cifra que poco tiene que ver con las estimaciones que realizaron en este colectivo, que superan los 61.000 euros al año.

“De este modo, teníamos el mismo presupuesto para más gastos. Ante esta situación, la única empresa que se presentó en aquel momento 'FAIM', nos comunicó que sería necesario reducir el número de educadores por turno, que los trabajadores deberían asumir una reducción salarial y ampliar sus horas trabajadas”, recuerda. Además, según recalca, el pliego tampoco especificaba cuántos educadores debía haber por menor, ni en cada turno. “No obstante, para los servicios mínimos del 100%, el Gobierno autonómico sí que marca que son necesarios todos los educadores (26)”, puntualiza.

Por ello y viendo la imposibilidad de poder tratar de manera adecuada a los menores que acuden a este centro (el objetivo del COA es acoger a niños y jóvenes de entre 6 y 18 años, que llegan al circuito de protección hasta que se decide cuál es su mejor destino: un centro especializado, volver con su familia...), decidieron iniciar una huelga indefinida, que todavía perdura.

Durante este tiempo no han cesado los “problemas”. Primero, la empresa adjudicataria, FAIM, renunció al concurso; por lo que la gestión del COA se quedó desierta y tuvo que ser asumida por el Gobierno de Aragón. Tras varias reuniones con otras empresas, finalmente dos de ella se presentaron al procedimiento negociado, que ganó INTRESS (por 1.046.334 euros anuales con IVA), días antes de la formación del nuevo Ejecutivo autonómico.

Ante esta situación, empresa y trabajadores mantuvieron un par de reuniones en los meses posteriores a la adjudicación del servicio. También hubo citas entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y el colectivo de Educadores en Lucha, “pero desde hace más de medio año, el silencio es absoluto”. De hecho, recalcan que durante estos últimos meses han enviado varios escritos a la DGA y a la dirección del centro, explicando la problemática existente, pero no han recibido respuesta.

Desde el Gobierno autonómico especifican que "es un conflicto laboral", que deben solventar entre la empresa y los trabajadores. No obstante, reconocen que hubo diversas reuniones, "en las que se les ofreció un acuerdo, que fue rechazado". 

Nueva gestión, nuevos problemas

HERALDO.ES ha tenido acceso a uno de estos documentos, que fue recibido en el Registro General del Gobierno de Aragón a principios de mayo. En él se detallan las deficiencias que se han producido en el servicio desde que INTRESS empezara a gestionarlo. “A lo largo de un año se contaba con un total de 5 o 6 educadores sustitutos estables”, especifica el documento, donde posteriormente se detalla que, en los casi siete meses de la nueva gestión, ya ha habido 24 educadores diferentes. Asimismo, critica que ninguno de los educadores nuevos ha recibido ningún tipo de formación por parte de la empresa (antes sí que había) y que algunos no han trabajado nunca en un centro de protección de menores.

“Esto está suponiendo un grave deterioro evidente de la intervención colectiva sobre los menores acogidos, además de un aumento significativo del absentismo laboral”, apunta el escrito. Del mimo modo, añade que el equipo educativo actual no es capaz de garantizar ni la seguridad de los menores acogidos en el centro ni el buen funcionamiento del mismo.

De este modo, tras más de año y medio de huelga, con el 100% de los servicios mínimos y un par de reuniones con la compañía adjudicataria (que no era la que gestionaba el servicio cuando empezó el conflicto), nada ha cambiado.