La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal descongestiona los juzgados de Instrucción

Entre octubre y diciembre de 2015, los juzgados de Instrucción y Primera Instancia e Instrucción situados en Aragón recibieron 26.110 asuntos para su estudio. Un trabajo que se sumó a los poco más de 13.300 procesos que les quedaron por despachar a final del tercer trimestre del año. Los 41 juzgados de este tipo situados en la Comunidad a buen seguro trabajaron con intensidad en las resoluciones, pero al final cerraron el ejercicio con unos 12.000 casos pendientes.

El volumen de trabajo de los órganos judiciales, así como los medios materiales y personales con los que cuentan, es una queja antigua. Incide directamente sobre la agilidad de la justicia y sobre la sensación de mal funcionamiento de la Justicia que tiene una parte importante de la población. Según el Anuario 2015 del Centro de Investigaciones Sociológicas CIS, el 71,8% de los españoles consideran que la Administración de Justicia funciona "poco o nada" bien.

Viendo la situación, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió tomar cartas en el asunto el año pasado. Lo hizo a través de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que entró en vigor el 6 de diciembre pasado. Para solucionar en parte el colapso en los juzgados de Instrucción de todo el país, y de paso agilizar la justicia penal y fortalecer las garantías procesales, se modificó el artículo 284.2 de la LeCrim (promulgada por primera vez en 1882 y que, como es obvio, ha sufrido múltiples modificaciones en sus 134 años de vida). Se estableció que todos los atestados abiertos en dependencias policiales en los que no constara, tras las averiguaciones pertinentes, el autor de los hechos, dejaran de remitirse a los juzgados de Instrucción, como se venía haciendo.

Que estos expedientes ingresaran en los juzgados tan solo suponía un trabajo extra de los funcionarios de la Administración de Justicia: eran inmediatamente archivados pero necesitaban de algunas formalidades judiciales, por ejemplo dictar un auto de archivo por falta de autor conocido, que suponía un precioso tiempo que no se dedicaba a otros trámites más productivos.

Los efectos de la nueva redacción de la ley no se hicieron esperar y han quedado patentes esta semana tras la publicación de los datos estadísticos de actividad judicial que elabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así, esos 26.110 asuntos que se habían ingresado en el último trimestre de 2015 quedaron reducidos a 15.709 en los primeros tres meses de 2016: 10.401 procesos menos. El cambio se aprecia con más fuerza aún si se comparan el primer trimestre de este año con el de 2015, pues el recorte supera los 13.000 casos.

La caída de causas penales no solo se ha dado en Aragón. Todas las comunidades han experimentado el mismo fenómeno y, a nivel nacional, el CGPJ estima que la caída de asuntos se ha situado en el 42,7%.

Otras consecuencias de la nueva LeCrim

Hasta que se han conocido estos datos, la reforma de la LeCrim se había hecho un hueco en la actualidad por ser la causante de la revisión exprés de miles de casos penales. Los fiscales tuvieron que analizar todos los casos que estaban en trámite a fecha 6 de diciembre de 2015 para determinar si su instrucción iba a ser sencilla (seis meses máximo) o compleja (18 meses prorrogables, como máximo, por otro periodo idéntico). Los fiscales aragoneses revisaron casi 5.500 causas en seis meses (la fecha límite se cumplió el 6 de junio pasado) y pidieron que 553 de ellas fueran declaradas complejas.

Las tareas de verificación, cuyo coste superó a nivel nacional los 1,6 millones de euros, fueron calificadas de éxito por el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, a pesar de que se produjeron bastantes tiranteces entre su departamento y la Fiscalía General del Estado durante el semestre que duró el trabajo propiciado por el cambio legal.