El Gobierno de Aragón dedicará 1,3 millones de euros al impulso de prácticas no laborales

El objetivo es facilitar el proceso de incorporación a la actividad laboral y su inserción en ella.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes destinar 1,3 millones de euros hasta 2017 al convenio entre el Instituto Aragonés de Empleo y los agentes sociales -UGT, CCOO, CEOE y Cepyme- para la ejecución del programa de prácticas profesionales no laborales en empresas.


El objetivo del programa es permitir a los alumnos que participan en las acciones formativas del Plan de Formación para el Empleo de Aragón desarrollar los conocimientos aprendidos, realizar el módulo de prácticas necesario para la obtención de los certificados de profesionalidad y otras especialidades formativas en las que es necesario para su acreditación, así como facilitar el proceso de incorporación a la actividad laboral y su inserción en ella.


El programa se desarrollará a través de dos tipos de prácticas en empresas: las dirigidas a los alumnos desempleados participantes en las acciones formativas del Plan de Formación para el Empleo de Aragón que no están asociadas a un certificado de profesionalidad y las destinadas a los participantes en las acciones formativas conducentes a la obtención de un certificado de profesionalidad para la realización del "Módulo de Formación práctica en centros de trabajo".


Las prácticas no laborales en empresas se podrán desarrollar de manera simultánea a la impartición de la acción formativa, en horario compatible con el de las enseñanzas teórico-prácticas sin detrimento en ningún caso de las horas del curso, o bien podrán impartirse una vez terminada dicha acción.


En este último caso, el inicio de las prácticas tendrá lugar dentro de los doce meses siguientes a su terminación y dentro de los cuatro meses siguientes en el caso del 'Módulo de formación práctica en centros de trabajo'.


Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a cinco convenios de colaboración para la financiación de acciones en materia de prevención de riesgos laborales este 2016 con CCOO y UGT, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y con la Fundación Laboral de la Construcción (FLC).


El Gobierno aportará 91.300 euros a cada uno de los convenios firmados con los sindicatos y las organizaciones empresariales y 16.800 en el de la Fundación Laboral de la Construcción.


Entre las actividades previstas por los sindicatos se incluyen seminarios comarcales sobre prevención de riesgos laborales; la celebración conjunta del Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral, la participación en el Consejo Aragonés de Seguridad y Salud en el Trabajo o la atención y asesoría técnica en materia de prevención de riesgos laborales a trabajadores, delegados de prevención y representantes sindicales, además del desarrollo de varias campañas y publicaciones.


CEOE llevará a cabo labores de asesoría, una campaña para sensibilizar en prevención de riesgos laborales como factor clave de competitividad y 40 talleres teórico-prácticos en centros educativos y de trabajo.


Cepyme dedicará parte de la subvención a la divulgación de actividades relacionadas con la prevención de riesgos laborales a través de un blog, redes sociales y una jornada específica, así como a desarrollar un proyecto piloto sobre seguridad en el sector del pequeño comercio.


Por su parte, la Fundación Laboral de la Construcción desarrollará actividades orientadas a la prevención de riesgos en el sector y, en concreto, para financiar el Plan "PYME 10" 2016.


Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de un registro de entidades acreditadas en la prevención de riesgos laborales, que será el único para toda la comunidad.


Aragón contará así con un registro de entidades acreditadas para actuar como servicios de prevención ajenos y para efectuar auditorías o evaluaciones externas de los sistema de prevención en la comunidad.


De esta forma, quienes pretendan contratar la prestación de estos servicios y obtener información de interés en materia de prevención de riesgos laborales tendrá la seguridad jurídica de un registro público, según ha informado el Gobierno de Aragón.


Además, el ejecutivo aragonés ha dado el visto bueno a la modificación del decreto por el que se creó un Registro de Delegados de Prevención y de Comités de Seguridad y Salud y regulaba el depósito de las comunicaciones de designación y constitución de los mismos.


El objetivo es que este registro sea un instrumento más ágil, que ofrezca información a las organizaciones sindicales sobre el número y datos de sus afiliados que son delegados de prevención para poder planificar la mejora de la formación de estos trabajadores y que desarrollen con mayor eficacia sus funciones en materia de prevención de riesgos laborales en el seno de las empresas.

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