La incertidumbre y el temor generados por el reciente acuerdo preliminar de la Comisión Europea para el cierre de 26 minas españolas antes de 2018 ha tenido cumplida respuesta en Madrid con la firma de un acuerdo estatal en defensa de la minería del carbón y las comarcas mineras entre los sindicatos UGT-FICA y CC. OO., la patronal CARBUNIÓN, las Comunidades de Asturias, Aragón y Castilla y León y Castilla La Mancha, la asociación de municipios mineros ACOM y su homologa europea EURACOM y diversos partidos políticos.

En representación de Aragón, el acuerdo fue suscrito por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Fernando Gimeno, quien asistió al acto junto al director general de Energía y Minas del departamento de Economía, Industria y Empleo, Alfonso Gómez. “El Gobierno de Javier Lambán no va a abandonar a los mineros de Teruel, ni a las zonas mineras ni a sus municipios”, subrayó el consejero aragonés al término del acto.Andorra, un polo económico

En declaraciones a los medios de comunicación, Gimeno recalcó que la Central Térmica de Andorra no sólo es un polo económico indispensable para contener el proceso de despoblación en amplias zonas de la provincia de Teruel, sino que mantener su actividad es un factor estratégico y de seguridad energética para el país en conjunto.

El consejero, que se mostró “soprendido” de que IU no firmara el acuerdo estatal en defensa de la minería, reclamó un plan estatal de reconversión como los que hubo hace años para otros sectores y específicamente un impulso decidido para la reindustrialización de las cuencas mineras de Teruel con ayudas tanto nacionales como de la Unión Europea.

El acuerdo suscrito recuerda que, a pesar de la demanda social de un cambio ha un modelo energético bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, no se puede prescindir de los combustibles fósiles “al menos mientras no existan los desarrollos tecnológicos necesarios para solventar cuestiones como el almacenamiento de la energía proveniente de fuentes renovables o su variabilidad”.

“Los combustibles fósiles van a seguir ocupando un papel preponderante en el mix energético mundial a lo largo de las próximas décadas, a la vez que servirán de respaldo a las energías renovables”, continúa el documento. Por tanto, añade, la transición hacia fuentes con menores emisiones “debe realizarse de manera ordenada y la existencia de unos objetivos ambiciosos no debe eclipsar otras necesidades como reducir la dependencia energética del exterior y/o garantizar la seguridad del suministro”.

En este sentido, los firmantes del acuerdo aseveran que “el carbón nacional, además de servir de respaldo a las energías renovables, es el único combustible de origen autóctono capaz de reducir nuestra dependencia energética del exterior y de garantizar la seguridad de suministro en momentos críticos por la proximidad de las minas a las centrales donde se consume, algo que no pueden ofrecer ni el gas ni el carbón de importación”.

Además, señalan, “la minería del carbón continúa siendo la forma de vida de un gran número de familias en la comarcas mineras, familias que, en la situación actual, no pueden encontrar otro modo de vida alternativo”.

Por todo ello, el Gobierno de Aragón, como el resto de los firmantes del acuerdo, reclama que el carbón nacional se mantenga en el mix energético durante el periodo de transición hacia el nuevo modelo energético. En concreto, se insta al Gobierno de España a que cumpla sus compromisos y asegure un hueco térmico anual del 7,5% para el carbón autóctono y/o alternativamente una bonificación para el mismo del 85% en el impuesto especial sobre el carbón.

También la regulación urgente del incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono y apoyo a las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2, así como la puesta en marcha de mecanismos de reactivación y desarrollo alternativo de las comarcas mineras.

Finalmente, se reclama del Gobierno de España que promueva ante la Unión Europea “las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá del 1 de enero de 2019, fecha límite establecida por la Unión Europea para las ayudas a la producción”.