Precios bajos y ayudas: el difícil equilibrio del campo aragonés

En la pedanía jaquesa de Ascara están censados apenas 57 habitantes. De sus vecinos, uno de los más jóvenes es Fran Aísa, agricultor y ganadero de poco más de treinta años que decidió hacerse cargo de la explotación familiar tras estudiar Ciencias Ambientales y un posgrado en Ingeniería Hidráulica. Hace unos años decidió ampliar su negocio comprando 400 ovejas; que hoy ya están a la venta ante el poco rendimiento que les puede sacar.

“La frase que se escucha entre muchos ganaderos de que el cordero se paga hoy igual que hace 25 años es cierta. Sin ayudas hoy la ganadería, y más en zonas de montaña, es inviable”, señala Aísa. En el caso de este ganadero, representante comarcal de la Uaga, la falta de rentabilidad viene en gran medida porque cuando compró aquellas ovejas quien se las vendió no le transfirió los derechos de la PAC. Es un ejemplo claro de las complicaciones burocráticas y la picaresca que han denunciado en los últimos años los sindicatos agrarios en torno a las ayudas europeas. Cada vez más controladas, pero que casos como el de Fran demuestran que aún existen.

Un problema que se acrecienta si se tiene en cuenta que producir alimentos a día de hoy en Europa es cada vez menos rentable. En Aragón, según los datos del Instituto Aragonés de Estadística y del Magrama, el precio que reciben los agricultores y ganaderos por sus productos en origen ha caído un 6% a lo largo de la última década. Puede no parecer demasiado teniendo en cuenta el ciclo de la crisis, pero en algunos casos como la carne de pollo, la de conejo, o algunas variedades de fruta los precios han caído cerca de un 20%.

Por contra, el precio de la cesta básica que pagan los consumidores finales se ha incrementado en el mismo tiempo hasta un 8,3% en el caso de Aragón, según consta en las estadísticas del IPC.

El mercado de la fruta ha sido una de las áreas del sector primario que más ha notado estos vaivenes. En 2014, con motivo del veto ruso -que la semana pasada se anunció que se extendería año y medio más- la fruta de hueso llegó a tocar mínimos históricos que no se veían desde la llegada del euro. El melocotón de media -a excepción de algunas variedades- se llegó a pagar a 0,17 euros el kilo después del anuncio de Rusia. Mientras, en las tiendas el comprador seguía adquiriéndolo por 1,85, similar a otros años. O lo que es lo mismo, diez veces más.

“Para este año las perspectivas son que los precios van a ir un poco mejor; porque sino sería insostenible, pero desde luego no va a ser tampoco la panacea”, explica Beatriz Espuña, técnica de Uaga en Fraga, una de las zonas de producción de fruta por excelencia de Aragón. “Ahora mismo el precio de la fruta, pero también de los cereales y hasta de la carne, depende de muchos factores que no se ajustan a una lógica de mercado. Cuando hay cosechas escasas no hay seguridad de que el precio vaya a subir”, señala.

De cara a esta campaña, los tres principales sindicatos agrarios, Asaja, Uaga y UPA, se han unido para reclamar que se establezcan contratos de compra-venta en el mercado de la fruta y acabar así con la venta 'a resultas', mecanismo que hace que el fruticultor entregue su mercancía sin saber cuánto va a recibir por ella. “Parece de locos pero es algo habitual. Desde que se vende la fruta cada intermediario va restando su parte, y el que ha sido el primero, el productor, a veces no recibe para cubrir los costes”, explican desde el sector.

Como resultado de todo esto, el sindicato UPA estimaba en su último balance que la renta de los agricultores se había estancado en Aragón a niveles del año 2000. Una pérdida de poder adquisitivo que en épocas de malos precios es especialmente importante para los agricultores y ganaderos que se dedican en exclusiva a los sectores que no reciben la PAC, como la fruta o el porcino. “Aquí en Fraga en particular, la gente que solo tiene frutales y que por lo tanto no tiene asegurada un ayuda por otros cultivos lo ha pasado realmente mal. El peor año, 2014, estimamos que en algunos casos se había dado una reducción de sus ingresos del 35%”, explica Espuña.

En el Pirineo, Fran Aísa plantea esta situación desde dos puntos de vista, ligando este problema también con el de la despoblación, que en Aragón ha ido de la mano de la desaparición de 6.000 puestos de trabajo en el campo durante la última década.

“Por una parte tenemos que entonar el mea culpa. Algo estamos haciendo mal cuando no somos capaces de que elaborando alimentos de primera calidad no consigamos que los precios suban. Por otra, las administraciones tienen que ser sensibles con este tema porque el campo y un empleo de calidad en el sector primario es la mejor manera de fijar población en los pueblos más pequeños” explica él, que trabaja en una pequeña pedanía jacetana. “Si ahora quitando todos los gastos que tiene una explotación sacas 1.000 euros al mes, pues en estos tiempos puedes decir que es un sueldo, pero si los años que los precios van mal empiezas a ganar cada vez menos, pues es normal que haya un montón de ganados y tierras en venta y que no haya relevo generacional”, remata.La PAC, una política en continuo debate

Los principales objetivos de la PAC en las últimas décadas han sido mantener la seguridad económica de los agricultores en un mundo donde la entrada de productos importados hacía cada vez más inviable producir alimentos en Europa y, a la vez, asegurar que así estos cumplían con las normativas sanitarias que exige la UE. Sin embargo, reforma tras reforma, el consenso sobre su aplicación no ha dejado de generar debate tanto entre agricultores como en los consumidores.

Se estima que la PAC cuesta a cada contribuyente europeo unos dos euros por semana -según explica la propia página del FEGA-, lo que en total, permite que cada año lleguen a Aragón en torno a 550 millones de euros de los que una parte van destinadas a políticas de desarrollo rural y otras a ayudas directas e indirectas a más de 45.000 agricultores aragoneses.

Pese a que en la última reforma (en vigor desde 2015) se intentó reducir el número de beneficiarios introduciendo restricciones para que las ayudas llegaran a los agricultores que se dedican de forma más continuada al campo, su cifra apenas ha menguado.

En Aragón, el Departamento de Desarrollo Rural y sostenibilidad lanzó el pasado mes de febrero una nueva propuesta. Se centra en dar más peso a la hora de repartir ayudas a la renta agraria declarada por cada solicitante en lugar de por la superficies declaradas, hacer desaparecer los derechos históricos, e incluir sectores ahora excluidos como la fruta. Una reforma que sería “radical y ambiciosa”, según la describió el Consejero Joaquín Olona en su presentación, que de momento se ha tomado con tibieza por parte del Ejecutivo en funciones, cuya complicidad es necesaria -junto con la de las otras autonomías- para impulsar el debate a nivel europeo.

Según los informes que realizó el Departamento aragonés antes de lanzar su propuesta, la actual PAC “es injusta”, porque en el caso de Aragón, casi tres cuartas partes de los perceptores tienen una renta agraria de menos de 6.000 euros -es decir, el campo no es su mayor fuente de ingresos-, pero perciben un tercio de todas las ayudas.

Además, la semana pasada, un panel de expertos internacional sobre alimentación sostenible (IPES-FOOD) presentó a Europa otro modelo de cara a 2020, donde la Política Agraria Común pasaría a considerarse una “Política Alimentaria Común”, que diera más peso a las plantaciones de legumbres y frutales en lugar de cereales, además de primar el cuidado del medio ambiente.