El pleno de las Cortes autonómicas ha rechazado la toma en consideración de una proposición de ley, que pedía modificar la ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad para eliminar las denominaciones de aragonés y catalán de Aragón, y en su lugar designarlas como lengua aragonesa propia de la zona oriental y lengua aragonesa propia de la zona pirenaica y prepirenaica, con sus diversas modalidades lingüísticas.

La propuesta, del Partido Aragonés (PAR), ha sido apoyada por este grupo y por el PP, sumando 23 votos, mientras que han votado en contra PSOE, Podemos, Ciudadanos y grupo mixto --CHA e IU--, recabando 38 votos negativos.

La diputada del PAR, María Herrero, ha explicado que esta iniciativa tiene su origen en la modificación introducida en la ley de Patrimonio de la Comunidad, a través de la ley de Medidas Fiscales y Tributarias de 2016, que supone una "interpretación" del Estatuto de Autonomía en esta cuestión, señalando que "el aragonés y el catalán de Aragón, en los que están incluidas sus variedades dialectales, son las lenguas y modalidades lingüísticas propias a que se refieren el artículo 7 del Estatuto" y la ley de lenguas.

La parlamentaria ha expresado su "tristeza y frustración" por el voto en contra, tras aclarar que "no venimos a hablar de catalán sí, catalán no", sino de "respeto y lealtad del Estatuto" porque "nos parece muy mal que se hayan hecho las cosas de esta manera" ya que "este procedimiento hurta a esta Cámara el debate sobre un tema tan sensible como este".

El diputado del PP, Fernando Galve, ha sostenido que "CHA no aprobó el Estatuto porque no se recogían el catalán y el aragonés" y su cooficialidad, por eso ha pedido al Gobierno, del que forma parte Chunta Aragonesista, que "si quieren modificar la ley, háganlo, pero con luz y taquígrafos" y no "por la puerta de atrás y casi con complejos", para opinar que esta "no es una emergencia social para los aragoneses".Evitar mencionar el Catalán

La diputada el PSOE, Margarita Periz, ha manifestado que "hacia donde el PAR apunta directamente" es a "eludir que en la ley aparezca la palabra catalán", cuando "se ha denominado así por todos los Departamentos de Educación del Gobierno de Aragón" al referirse a los profesores que enseñan esa lengua, que se imparte "de forma voluntaria" en algunos centros de la Comunidad desde hace años, y argumentar que utilizar esa denominación no es "sometimiento hacia la cultura catalana".

Amparo Bella, de Podemos, ha afirmado que "el uso político" de la lengua "solo pretende dividir a la sociedad", cuando "los problemas de los vecinos de Aragón no son de nomenclaturas" y ha apostado por "llegar a acuerdos entre las fuerzas políticas y la sociedad civil, superar el conflicto" y contar con una nueva ley "sin ambigüedades" con el objetivo de "garantizar más derechos a los hablantes", además de "rentas mínimas, pan, trabajo techo, servicios sociales, sanitarios y educativos".

En represantación de de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha criticado que el debate en materia de lenguas se centre "en la denominación" en vez de "preocuparnos por su protección, recuperación, enseñanza y difusión, como recoge el Estatuto". "Hemos entrado en un absurdo" y los acrónimos que se derivan a la designación que propone esta iniciativa del PAR "nada ayudan a la dignidad de las lenguas de Aragón y sus hablantes".

El diputado de CHA, Gregorio Briz, que ha intervenido por el grupo mixto, ha recordado al PAR que cuando formó parte del Gobierno aprobó legislación "saltándose el consenso" y utilizando también la ley de acompañamiento para modificar la ley de Patrimonio en esta cuestión. Ha señalado que "tendemos la mano abierta desde el Gobierno", a través de la Dirección General de Política Lingüística, porque "se puede llegar a acuerdos" para tener una ley de lenguas "que se acomode al Parlamento y a lo que la ciudadanía habla", pero esta iniciativa "ayuda muy poco".