El PAR ha propuesto la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para obligar a las empresas que firmen contratos con la administración pública al "estricto cumplimiento" del plazo de pago a sus subcontratistas y proveedores, con el establecimiento de sanciones para las infractoras.

La diputada del PAR en las Cortes de Aragón Elena Allué ha presentado este viernes en rueda de prensa la proposición no de ley que el partido defenderá en el Parlamento aragonés.

En la misma, insta al ejecutivo autonómico a que solicite al Gobierno de la nación a que modifique la Ley de Contratos del Sector Público para que "obligue" y no solo "faculte" a la comprobación del "estricto cumplimiento" de los plazos de pago a los subcontratistas, en su mayoría pymes y autónomos que ven amenazada su competitividad con estos retrasos, ha dicho.

En la iniciativa, también se pide que las obligaciones de pago figuren en los anuncios de licitación y en los pliegos de condiciones, para ser consideradas "esenciales", así como que los contratistas presenten certificaciones de que se cumple el plazo establecido por la ley, fijado en 60 días.

Como tercer punto, el PAR también solicita que se establezca un catálogo de infracciones y sanciones que podrían llegar incluso a la denuncia del contrato.

Allué ha reconocido que las administraciones públicas, en este caso la aragonesa, también incumplen los plazos. La demora media del pago se fija en 77 días, pero para la diputada esto no es "una excusa" teniendo en cuenta que las grandes empresas tardan aún mucho más en pagar a sus proveedores.

Según un informe de la plataforma sectorial contra la morosidad, la demora media del pago de las contratistas a sus subcontratadas es de 171, aunque este problema se agudiza en algunos sectores como el inmobiliario (291), el de servicios y comercio (269) o el industrial (222).

Allué ha calificado éstas de "prácticas abusivas" de las grandes adjudicatarias con el "escalón más débil" de la cadena de contratación.

Cuando una administración adjudica una obra, ha añadido, las grandes empresas "prácticamente no incurren en ningún tipo de riesgo", y además cobran a una media de 77 días mientras pagan a casi 200.

La intención del PAR, ha insistido, es proteger al 95 por ciento del tejido productivo aragonés que conforman las pymes y los autónomos y mejorar su competitividad.