La DGA ya ha revisado 109 pisos de bancos para su alquiler social
La directora general Mayte Andreu confía en que las primeras viviendas se ocupen este verano, mientras se inspeccionan el resto de los 2.014 inmuebles preseleccionados.
El Gobierno de Aragón ha revisado en poco más de un mes 109 viviendas vacías procedentes de desahucios que están en manos de entidades financieras, de las cuales un 60% reúnen las condiciones de ser destinadas al alquiler social. Así lo ha asegurado la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Mayte Andreu, quien ha concretado que un total de 54 entidades financieras y fondos inmobiliarios han comunicado que cuentan con un parque de 4.101 pisos, cuya inspección se alargará toda la legislatura. Si se cumplen las previsiones oficiales, se empezarán a ocupar este mismo verano.
En una comparecencia monográfica en las Cortes de Aragón, Andreu ha explicado que cinco equipos multidisciplinares de funcionarios se están encargando de revisar los 2.014 inmuebles preseleccionados en función de los municipios con mayor demanda y los que, en principio, no muestran impedimentos aparentes para ser habitadas según la información facilitada. La pretensión es examinar unas 80 viviendas por mes e ir incorporándolas a la bolsa de alquiler social, ya sea por la vía de convenio o por la fuerza, para lo que se tramita una orden específica que estará lista en otoño fijando el tipo de contrato y las condiciones económicas.
La directora general ha señalado que se ha contactado con 70 entidades financieras, cinco de las cuales no han cumplido su obligación de aportar la información y otras nueve han impedido el acceso a sus viviendas para ser inspeccionadas. Mayte Andreu ha agradecido a siete entidades su colaboración para entrar en las citadas 109 viviendas revisadas, de las cuales 48 están directamente habitables y otras 21 precisan pequeñas actuaciones, como limpieza, pintura o trabajos de escasa entidad.
También ha adelantado que sancionará a las que no están colaborando, tal y como recoge el decreto-ley de medidas urgentes de emergencia social, con multas mínimas de 1.500 euros. Y serán acumulativas por el número de viviendas.
