CHA pide recuperar la titularidad de los bienes registrados por la Iglesia

Consideran que reforma de la Ley Hipotecaria de 1998 es un proceso "absolutamente injusto".

Carmelo Asensio (CHA) en una imagen de archivo.
Carmelo Asensio (CHA) en una imagen de archivo.

El grupo de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado una moción orientada a recuperar la titularidad pública de todos los bienes inmuebles registrados por la Iglesia católica desde la reforma de la Ley Hipotecaria de 1998.


En su iniciativa, el grupo nacionalista recuerda que dicha ley permitía que la Iglesia católica pudiera proceder a la inscripción registral de una serie de bienes inmuebles de alto valor cultural, patrimonial y económico que hasta entonces tenía el carácter de bienes de dominio público.


Según hace constar CHA en su moción, desde esa fecha se han "inmatriculado, sin título de propiedad, cientos de bienes en Aragón que podrían ser públicos" y entre los que el portavoz del grupo, Carmelo Asensio, ha citado la catedral de La Seo y la iglesia de San Juan de los Panetes en Zaragoza.


El objetivo de la iniciativa es averiguar el alcance y situación de los bienes inmuebles inmatriculados por las diócesis aragonesas desde la reforma de dicha ley y avanzar en Zaragoza en la reversión de un proceso de apropiación de inmuebles "absolutamente injusto".


Así, proponen instar al Gobierno de la ciudad a solicitar al Ministerio de Justicia toda la información relativa a dichas inmatriculaciones en Zaragoza y que el Ayuntamiento elabore, en el plazo de seis meses, un inventario de todos los bienes inmuebles ubicados en la ciudad registrados por la Iglesia católica e impulsar la recuperación de dicho patrimonio como bienes públicos.


También quiere que el pleno acuerde solicitar al Gobierno de Aragón información sobre todas las inversiones realizadas con dinero público en el arreglo, mejora y sostenimiento del patrimonio inmatriculado, especificando el porcentaje de las aportaciones realizadas por las administraciones central, autonómica y local.


Además de que el Ejecutivo autonómico se persone en todos los procedimientos judiciales iniciados cuyo objeto sea la recuperación de esos inmuebles.


Por último plantea instar al Gobierno de España a iniciar los trámites para declarar la inconstitucionalidad de los artículos modificados para evitar una amnistía registral y posibilitar la recuperación de los bienes inmatriculados.


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