Suprimir las 38 diputaciones provinciales de régimen común podría suponer un ahorro de 1.200 millones a medio plazo, 54,4 en Aragón, según los cálculos de un informe coordinado por la Fundación '¿Hay Derecho?', que cuantifica en 588 millones el ahorro inmediato que supondría eliminarlas ya.

El estudio, 'Coste y utilidad de las diputaciones provinciales: claves para un debate necesario', será presentado esta tarde en un acto que se celebrará en la Fundación Diario Madrid.

Los autores han analizado su coste y su utilidad en base a los datos disponibles, con los presupuestos de ingresos y gastos del ejercicio de 2015, tanto desde un punto de vista de indicadores de eficiencia y eficacia -comparando las distintas diputaciones para establecer las que tienen un mejor o peor desempeño- como, de manera más extensa, a partir de las políticas públicas que desarrollan.

En el estudio cifra el ahorro en la provicia de Zaragoza en 54.484.389 euros; en la de Huesca supondría un ahorro de 31.190.270 euros y en Teruel 18.225.856 euros. Un total de 103.900.715 euros en las tres provincias aragonesas.

"Redes clientelares"

También han realizado un ejercicio teórico para calcular el ahorro que supondría su supresión y han incidido en aspectos cualitativos que, a su juicio, son relevantes, como los factores que permiten y favorecen la aparición de redes clientelares, que se traducen en numerosos casos de nepotismo, despilfarro y corrupción.

Las conclusiones apuntan a un disperso y desigual funcionamiento de estas entidades, a la "irracionalidad" de las políticas públicas que diseñan y ejecutan, a su difícil encaje territorial y a la conveniencia de abordar al menos una reforma en profundidad de estas instituciones.A corto plazo se ahorraría cerca de 600 millones

Según las cifras que aportan, el ahorro potencial en el corto plazo sería de 588 millones de euros en el caso de que se suprimiesen las diputaciones sin dejar de prestar los servicios a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Con su supresión, explican, se eliminaría su principal coste político, ya que desaparecían los gastos asociados a los órganos de gobierno y también las transferencias de fondos que realizan a sus propios entes y otras administraciones sin una finalidad concreta.

Así, casi 447 millones procederían de transferencias a otras administraciones públicas sin una finalidad concreta y 140,5 millones se ahorrarían al eliminar sus órganos de gobierno.

En el medio plazo, de acuerdo con este estudio, los ahorros serían "significativamente mayores" gracias, entre otras cosas, a la integración de los servicios que prestan las diputaciones en los que ofrecen las delegaciones provinciales de las comunidades autónomas, lo que evitaría duplicidades.

Una integración que debería ir acompañada de una mayor coordinación con las actuaciones llevadas a cabo por otros entes intermedios a nivel local (por ejemplo mancomunidades), lo que también favorecería mayores ahorros, con una racionalización de las políticas públicas a realizar.

Del mismo modo, creen que se eliminarían probablemente varias o todas sus entidades instrumentales, pero, sobre todo, estiman una "importante eliminación del sobrecoste en la gestión de las diputaciones ocasionado por el clientelismo y la corrupción", cuyo sobrecoste es difícil determinar.Lérida, la de mayor coste

En total, el informe señala que se podrían ahorrar 1.200 millones de euros. La mayor partida correspondería a la diputación de Lérida, ya que su eliminación supondría un ahorro de 94,7 millones de euros; a la de Lugo, con 81 millones, y la de Zamora, de 69 millones.

Los autores han efectuado un cálculo de ahorro a medio plazo a partir de una comparación entre las tres diputaciones más eficientes y el promedio del gasto por habitante en las mismas.

Así, en cada institución se ha considerado como ahorro potencial la cantidad del gasto por habitante que supere dicho umbral.No deberían suprimirse los servicios a los municipios pequeños

No obstante, advierten de que su posible supresión no debería conllevar en ningún caso la desaparición de los servicios básicos que prestan a los municipios de menos de 20.000 habitantes ni debería abordarse de forma aislada, sino atendiendo al contexto local y a su coexistencia con otros entes intermedios como las mancomunidades y las comarcas.

Y aunque se eliminasen, los funcionarios y los empleados públicos que prestan su servicio en las diputaciones tendrían que mantenerse necesariamente al menos mientras no se modifique la normativa vigente.

En el caso de que se decida no suprimirlas, los autores apuntan que sería "muy conveniente" establecer criterios objetivos y racionales para determinar sus políticas públicas y su ejecución, así como indicadores claros de eficiencia y eficacia.

Si no se suprimen, apuestan por su despolitización y su profesionalización para evitar los "continuos escándalos de nepotismo, despilfarro o corrupción".