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Zaragoza

El departamento de Olona dio un contrato de 2.000 € a la empresa de la familia del consejero

El titular de Desarrollo Rural asegura que no intervino y que desconocía el encargo que hizo su directora general . Admite que el proceso es "poco estético" y que, de haber sido consultado antes, hubiera dicho que no se firmara.

Jorge Alonso. Zaragoza Actualizada 17/05/2016 a las 13:49
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Joaquín OlonaFrancisco Jiménez

El Departamento de Desarrollo Rural de la DGA adjudicó hace un mes un contrato de 2.000 euros a la empresa Quásar Consultores, propiedad de la empresa de la familia del consejero, Joaquín Olona, y en la que el propio político participaba hasta que asumió el cargo el pasado verano. Olona aseguró ayer a este diario que no intervino en el procedimiento y que incluso desconocía el encargo que hizo una jefe de servicio y que firmó la directora general de Sostenibilidad, Sandra Ortega. "Admito que es poco estético y que me deja en una posición comprometida, pero no sabía nada, no se me consultó y no tengo ningún tipo de interés en la empresa", sentenció.

Fuentes oficiales del Gobierno PSOE-CHA sostuvieron que se ha respetado la normativa sobre contratación, ya que el consejero no participa en la empresa y no ha participado en el procedimiento. Además, señalaron que se trata de una adenda a un contrato menor que le adjudicó el anterior Ejecutivo PP-PAR en marzo de 2015 para la organización de unos talleres con el sector agroalimentario sobre información y sensibilización acerca del cambio climático, por un importe de 17.500 euros. "Hace un mes se le encargó un último taller de valoración de las conclusiones del proceso con los participantes, que ya se celebrado y por el que se le han pagado los 2.000 euros ahora", explicaron.

Desde la DGA se añadió que se le encargó el taller directamente a Quásar porque había organizado todo el proceso previo. "Por tanto, era la empresa que técnicamente podría resolver la necesidad", añadieron.

La directora general de Sostenibilidad tiene delegada la competencia de contratación en determinadas condiciones por parte del consejero, por lo que adjudicó el encargo y autorizó el pago. "Olona no tenía por qué saberlo ni, en este caso, la necesidad de abstenerse", subrayaron. El titular de Desarrollo Rural reconoció que el proceso es "poco estético" y que, de haber sido consultado antes, hubiera dicho que no se firmara. "No he tenido conocimiento hasta hoy (por ayer). Se puede interpretar de otra forma, pero tengo la conciencia muy tranquila", manifestó.

Joaquín Olona incidió en que hubiera sido "más prudente" que el taller se hubiera contratado con otra empresa. "Solo por razones estéticas, porque no existen reparos legales para adjudicar servicios a la consultora de mi familia", apostilló.

Otro contrato del Inaem

Este no es el único encargo que ha hecho el Ejecutivo PSOE-CHA a Quásar Consultores, la empresa en la que trabajaba Olona hasta que en julio accedió a la Consejería, renunciando a sus cargos y participaciones en favor de sus dos hermanos y su cuñado: el pasado mes de enero, el Inaem le adjudicó por un procedimiento negociando sin publicidad otro contrato de 11.500 euros de "verificación, control y elaboración de informe final" sobre un programa de apoyo a la reinserción laboral de despedidos en el sector de la hostelería. "Es un tipo de trabajo que venía haciendo desde hace cuatro años para el Inaem", aclararon.

Con anterioridad a su nombramiento, Olona era accionista, consejero y presidente de la sociedad Ingeniería, Estudios y Servicios, SA (Inesa), que a su vez, es propietaria de la compañía Quásar, SA. Como se puede consultar en el Boletín Oficial de Aragón, su relación contractual con distintos departamentos de la Administración autonómica se remonta a hace catorce años por trabajos de consultoría y asistencia para programas e informes estratégicos.

A este respecto, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad sostuvo que no guarda ningún tipo de vínculo contractual con ambas empresas y que, pese a mantener "muy buena relación" con sus hermanos y su cuñado, no puede obligarles a dejar de contratar con la DGA y sus entes públicos. "La realidad es que no me favorece, pero no puedo prohibir. Cuando dejé la empresa, no me he vuelto a preocupar por ella. Mi papel se limitará a abstenerme en cualquier procedimiento de contratación si algún día se da el caso", concluyó.







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