Guillén anuncia un acuerdo con los colegios de abogados sobre honorarios para servicios de justicia gratuita

El consejero de Presidencia ha precisado que se han mantenido reuniones desde la dirección general de Justicia con estos colegios profesionales.

El consejero Vicente Guillén, ayer tras el Consejo de Gobierno.
El consejero Vicente Guillén, ayer tras el Consejo de Gobierno.
O. Duch

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha anunciado que "en los próximos días" se firmará un acuerdo con los colegios de abogados de la Comunidad tras el principio de acuerdo alcanzado la semana pasada "para la revisión de los honorarios previstos" para los servicios de justicia gratuita.


Así lo ha indicado en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada en el pleno de las Cortes de Aragón por el diputado de Ciudadanos Ramiro Domínguez, en la que ha precisado que se han mantenido reuniones desde la dirección general de Justicia con estos colegios profesionales para "convenir el número de abogados que debe prestar el turno de guardias para asistencias al detenido, así como a las víctimas de violencia sobre la mujer y para establecer el precio" de las mismas.


Ha añadido que "es en estos baremos donde queda recogida como una tipología más de la justicia gratuita" la gestión del trámite administrativo por parte de los letrados para la concesión de vivienda al beneficiario de justicia gratuita en situación de riesgo de exclusión social, dentro del juicio verbal de desahucio y del proceso sumario hipotecario.


Por su parte, el diputado de C's ha opinado que "con menos dinero se quiere hacer más" puesto que los 1,2 millones de euros de incremento para justicia gratuita para 2016 fruto de una modificación presupuestaria no son suficientes para paliar la reducción del 40% inicial.


Sobre la ampliación del beneficio de justicia gratuita al ámbito administrativo para personas en riesgos de exclusión social, Domínguez ha opinado que este último es un concepto de difícil definición jurídica y ha preguntado "dónde ponemos el límite de ingresos" para determinar que una persona se encuentra en esa situación.


Además, ha advertido de que "no tiene encaje legal" extender al ámbito administrativo la justicia gratuita, "excediendo el judicial" y ha comentado si el Gobierno pretende "sacar a concurso un servicio de asesoramiento para personas en riesgo de exclusión social" como el IAM ha hecho con el asesoramiento a mujeres víctimas de violencia y "cómo pretende pagarlo".

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