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Aragón

​Broto pidió usar las herencias para compensar a las asociaciones de discapacitados

El Observatorio de la Discapacidad considera que la consejera reconoció así una deuda que ahora niega.

P. Puebla. Zaragoza 04/05/2016 a las 06:00
Protesta de Adislaf ante el Pignatelli para reclamar el pago de la deuda pendiente.Oliver Duch

El presidente de Adislaf, José María López, entregó este martes a todos los grupos, durante su intervención en las Cortes de Aragón, la copia de una carta enviada por la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas como "prueba de la deuda contraída por el Gobierno de Aragón con las entidades que atienden a la discapacidad".

En esta carta, sellada el 26 de noviembre de 2015, María Victoria Broto solicita al también presidente de la Junta Distribuidora de Herencias que utilice la próxima distribución de herencias intestadas para compensar los esfuerzos económicos realizados por las asociaciones de la discapacidad entre 2013 y 2015.

La consejera cifra en 1.060.393,96 euros la cantidad asumida entre enero de 2013 y junio de 2015 por trece instituciones sin ánimo de lucro que atendieron en sus residencias a personas con discapacidad física o intelectual en situación de dependencia pese a tener cubiertas todas las plazas concertadas por el Gobierno de Aragón.

Con la entrega de esta carta a los grupos políticos, el presidente de la Asociación de Disminuídos Psíquicos del barrio de Las Fuentes pretende demostrar que la consejera reconoció en noviembre la existencia de una deuda que ahora niega. Esta asociación en concreto reclama el pago de 231.029 euros por las plazas no concertadas entre 2013 y 2015, suma por la cual sus trabajadores y usuarios llevan 14 días de encierro en la sede de la entidad en Zaragoza.
 

Un derecho "exigible"

Desde el departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales niegan, sin embargo, que la consejera haya reconocido nunca la deuda con estas asociaciones y critican la exposición pública de una carta "de carácter interno" que se entregó a los representantes del Observatorio Aragonés de la Discapacidad Intelectual (OADI) con la única intención de "mostrar la buena voluntad del departamento de cara a ayudar a estas entidades a solucionar su situación" económica.


En la carta, sin embargo, la consejera de Derechos Sociales cita la "noción de exigibilidad" de las prestaciones sociales definidas como esenciales al considerar el acceso a las mismas como "un derecho subjetivo de las personas con necesidades sociales". Broto especifica además en esa carta que los "servicios de alojamiento permanente o temporal" para las personas con discapacidad en situación de dependencia constituyen una prestación de carácter esencial según el Catálogo de Servicios Sociales aprobado por Decreto 143/2011 y por tanto se consideran un derecho "subjetivo, garantizado y exigible a las correspondientes Administraciones públicas".


Como contrapunto, el Instituto Aragónes de Servicios Sociales (IASS) anunció este martes que concertará 71 plazas nuevas en centros ocupacionales, centros de día y residencias que atienden a personas con discapacidad, aunque no hizo mención alguna a la devolución de los montantes asumidos por las distintas entidades entre 2013 y 2015.
 

Una deuda y una solución heredadas

Tras leer la carta, Ana Marín, la portavoz del Partido Popular en materia de asuntos sociales, cuestionó la postura del actual Gobierno al asegurar que el PP sí reconoció esa deuda contraída durante la pasada legislatura: "No se puede negar. Es una deuda del Gobierno anterior. Al ser un servicio esencial se tendrían que haber concertado esas plazas pero no había fondos. El Partido Popular tenía esa deuda y se barajaron distintas fórmulas para saldarla, entre ellas usar las herencias intestadas y el reparto de la Junta Distribuidora de Herencias pero se acabó la legislatura y no dio tiempo". Lo que sorprende ahora tanto a la oposición como a las asociaciones integradas en el OADI es que no se reconozca públicamente la deuda ni se asegure el pago de las cantidades adelantadas.

Amparo Bella, diputada de Podemos en las Cortes de Aragón, también criticó que se estén "demorando y retrasando pagos a entidades que están dando servicio diario a personas con discapacidad" y calificó de muy grave "que no se garanticen los derechos subjetivos reconocidos en la carta" que Broto envió al consejero de Hacienda. "Han pasado seis meses y siguen sin cobrar y esto nos parece intolerable cuando hablamos de personas, familias y cuidadores en situación de necesidad y vulnerabilidad".

Costes

Según datos facilitados por Atades, una plaza en residencia ocupada por una persona con discapacidad intelectual severa cuesta 81,62 euros diarios y casi 25.700 euros anuales. En caso de personas con parálisis cerebral, el coste se eleva hasta casi los 120 euros diarios y los 37.700 anuales. Los beneficiarios de estas plazas aportan el 75% de sus respectivas pensiones y, en algunos casos de plazas sin concertar, los familiares asumen también parte del coste. Desde el OADI recuerdan que hay usuarios huérfanos, con pensiones humildes o familias con escaso poder adquisitivo que no pueden sufragar una plaza privada. Las asociaciones integradas en el Observatorio Aragónes de la Discapacidad Intelectual atienden a día de hoy a 77 personas en plazas no concertadas que les supone, según sus cálculos, un coste anual de de casi dos millones de euros.
 







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