¿Cuánto costarán las nuevas elecciones?

Esto fue lo que costaron los comicios del 20-D. Si los partidos no llegan a un acuerdo para ahorrar, la factura se repetiría.

Uno de los gastos que habrá que acometer de nuevo: la impresión de papeletas.
Uno de los gastos que habrá que acometer de nuevo: la impresión de papeletas.
Laura Uranga

Las Cortes Generales quedarán disueltas este martes, dos meses después de la primera jornada de la investidura fallida del socialista Pedro Sánchez. Desde ese momento, será tiempo de organizar la nueva cita con las urnas, el 26 de junio. Habrá que diseñar de cero un nuevo dispositivo electoral y presupuestar el coste del mismo, un gasto que no estaba previsto en los Presupuestos Generales del Estado, que este ejercicio solo contemplaban las autonómicas de País Vasco y Galicia.


La incapacidad de los partidos de llegar a acuerdos para coger el timón de la XI legislatura, además de pasarles factura de cara a la sociedad, podría costarle a las arcas públicas en torno a 177 millones de euros, 4,4 de ellos correspondientes a Aragón. Ese es el coste estimado que tuvieron las elecciones generales del 20 de diciembre, de acuerdo con los datos que manejó en su día el Ministerio del Interior.


El gasto electoral se divide en tres grandes capítulos, según explica la politóloga Cristina Monge, profesora en la Universidad de Zaragoza. Por un lado, está el gasto en logística, "es básicamente lo que cuesta organizar las elecciones", afirma Monge; la segunda partida se correspondería con la inversión que decide hacer cada partido durante la campaña, "normalmente en función de las previsiones de voto que maneja" cada organización; y por último, las subvenciones que el Estado da a cada partido teniendo en cuenta la representación parlamentaria obtenida.

¿Cuánto costaron las elecciones de diciembre?

La logística del 20-D costó algo más de 130,2 millones de euros. Algunas de las cifras más relevantes dentro de este presupuesto fueron los 55,1 millones que se destinaron al despliegue de seguridad y de otros funcionarios públicos, los 48 millones de todos los trámites relacionados con Correos y Telégrafos (voto por correo, envío de papeletas...) o los 12,6 que costó imprimir papeletas, comprar sobres y pagar las dietas de los miembros de las mesas (62,61 euros por persona).


De acuerdo con los datos facilitados por la delegación del Gobierno en Aragón los días previos a las elecciones generales, en la Comunidad este operativo costó unos tres millones de euros. El dinero se destinó a habilitar 2.137 mesas en más de un millar de centros de votación repartidos por todo el territorio aragonés. En ellos se desplegaron el 20 de diciembre casi 6.500 ciudadanos y 1.597 representantes de la administración pública. Cerca de 3.500 policías nacionales y guardias civiles velaron por la seguridad.

Subvenciones millonarias

Sabedores del hartazgo de la ciudadanía tras acabar sin candidato la tercera ronda de consultas con el Rey, los partidos comenzaron a hablar de una reducción del gasto electoral. Unos y otros se mostraron dispuestos a buscar una fórmula de ahorro, que las elecciones pasaran así la menor factura posible a las arcas públicas. El desacuerdo también se trasladó a este campo desde un primer momento, pues ya hubo diferencias de opiniones entre qué partidas tocar y en qué porcentaje hacerlo.


"En el apartado en el que se está buscando el pacto entre partidos es en el segundo, en el que se refiere al gasto discrecional", señala Cristina Monge, que defiende las subvenciones que el Estado asigna a cada partido basándose en sus resultados electorales. "Si esta financiación no existiera, solo podrían hacer campaña los millonarios y no todos los partidos políticos", añade.


En el apartado de organización y logística apenas hay margen de recorte, agrega la profesora, algo que también sucede con las subvenciones del Estado: están establecidas por ley y, como esta no se ha modificado durante la fugaz legislatura, no puede dejarse de aplicarse.


Las cantidades que recibe cada partido se calculan en base a lo establecido en la ley orgánica del Régimen Electoral General, conocida como LOREG. El artículo 175 refiere que el Estado subvenciona los gastos que originen las actividades electorales de la siguiente forma: 21.167,64 por cada escaño obtenido, tanto en el Congreso como en el Senado; 0,81 euros por cada voto conseguido por cada candidatura con representación en el Congreso; y 0,32 euros por cada uno de los votos conseguidos por cada candidato que hubiera obtenido escaño de senador. Además, la ley explica que se abonarán 0,18 euros por elector en cada una de las circunscripciones en las que se hayan presentado listas a ambas Cámaras siempre que la candidatura hubiera obtenido el número de escaños necesarios para constituir un grupo parlamentario.

Las propuestas para ahorrar

Los partidos no pueden gastar en la campaña todo el dinero que quieran para luego pedírselo al Estado. La LOREG establece un límite de gasto (el resultante de multiplicar por 0,37 euros el número de habitantes de cada circunscripción) y pide que todo el dinero que los partidos soliciten a las arcas públicas esté verificado con facturas.


El Estado nunca pagará por encima de esa cantidad de dinero, pero sí puede pagar menos si los partidos llegan finalmente a un acuerdo y deciden gastar menos dinero del que les correspondería por ley.


Algunas de las fórmulas de ahorro que se han escuchado estos días pasan por un único envío de propaganda electoral en el que se incluyan las papeletas y eslóganes de todos los partidos (propuesta de Ciudadanos).


El PSOE propone que en esta campaña no se utilicen vallas, banderolas o cualquier otro elemento de publicidad exterior, "a excepción de los carteles que se exhiban en los espacios reservados por los ayuntamientos". Sostienen que así se ahorraría un 30%. Por su parte, Celia Villalobos (PP) se mostró partidaria de eliminar toda la publicidad electoral y apostar más por el contacto directo con los ciudadanos. Incrementar el número de debates en televisión ha sido otra de las propuestas para ahorrar que se han escuchado estos días.


Hay quien, aun antes de convocarse las elecciones, ya ha dado pasos hacia el ahorro. La semana pasada, el consejo ciudadano de Podemos Asturias decidió renunciar a las subvenciones electorales que le corresponderían como gesto de austeridad y porque consideraban que los nuevos comicios son "el resultado de un bloqueo". En los comicios pasados, la formación lanzó una campaña de crowdfunding para financiar su maquinaria electoral.


Tras el 20-D, los partidos fueron subvencionados con unos 47,4 millones de euros. El dinero que obtuvieron los partidos en Aragón, teniendo en cuenta el dinero que se les dio por cada escaño del Congreso y del Senado así como por los votos obtenidos, superó los 1,4 millones de euros. De ellos, 711.335 euros le correspondieron a la coalición PP-PAR, 435.210 al PSOE, 152.303 a Podemos y 123.149 a Ciudadanos.

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