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Zaragoza

El futuro de sus hijos angustia a los padres de personas con discapacidad intelectual

Familiares y trabajadores acumulan diez días de encierro para pedir más plazas concertadas en residencias y centros de día.

P. Puebla. Zaragoza 30/04/2016 a las 06:00
Familiares y usuarios encerrados en la sede de Adislaf

Apuran al máximo los cuidados y la permanencia de sus hijos en el hogar pero saben que con el paso de los años serán ellos quienes necesiten ayuda y se vuelvan dependientes. Este pensamiento angustia a los padres de personas con una discapacidad intelectual severa y lo comparten los familiares que acumulan ya diez días de encierro en las instalaciones de Adislaf en Zaragoza.

Hacen turnos de ocho horas diarias pero como la mayoría supera los 60 años, por las noches los relevan los trabajadores de la entidad. Piden a la Administración un mayor compromiso con la discapacidad intelectual y, ya que apenas existen recursos asistenciales públicos para cuando sus hijos superan la veintena, exigen un mayor apoyo económico para las asociaciones y fundaciones que sí ofrecen soluciones y más plazas concertadas en sus residencias, centros de día y centros ocupacionales.
 

El enorme coste de las plazas sin concertar 

Una plaza en residencia ocupada por una persona con discapacidad intelectual severa tiene un coste de 81,62 euros diarios y casi 25.700 euros anuales. En caso de personas con parálisis cerebral, el coste se eleva hasta casi los 120 euros diarios y los 37.700 anuales. La Administración apenas tiene recursos asistenciales de este tipo así que concierta este servicio, considerado de carácter "esencial" en el catálogo de servicios sociales de la Comunidad, con asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro que operan en la Comunidad, al igual que ocurre con los servicios de centro de día y centro ocupacional.

Sin embargo, las asociaciones integradas en el Observatorio Aragónes de la Discapacidad Intelectual (OADI) atienden desde hace dos años a 77 personas cuyas plazas nunca ha llegado a concertar el Gobierno de Aragón. Las organizaciones de Plena Inclusión Aragón dicen sumar otras tantas plazas sin concertar y la DGA reconoce que entre enero de 2013 y junio de 2015 esas plazas no subvencionadas supusieron a todas esas entidades un desembolso de 1.060.396 euros.

 

Esfuerzo sí... Deuda no

Pese a considerar los servicios de centro de día, centro ocupacional y residencia como servicios esenciales, el Gobierno de Aragón cuantifica y reconoce ese esfuerzo económico de las entidades pero no lo asume como deuda, así que como mucho se compromete a compensar a estas organizaciones en futuros repartos de fondos, pero no a abonar las plazas con carácter retroactivo. A lo que sí se comprometió es a concertar medio centenar de esas plazas antes de que finalizase el mes de abril y algunas entidades como Atades Zaragoza, Aspace Huesca o Atades Huesca han sido informadas en los últimos días de que pronto les concertarán algunas de esas plazas pero no todas, así que desde el OADI no están conformes.

No hay ningún recurso público para atender a los chavales con discapacidad intelectual que salen de los colegios, en junio termina otro curso escolar y ya han solicitado plaza en sus centros de día y centros ocupacionales otras 75 nuevas familias. "Si el Gobierno de Aragón no tiene dinero para concertar todas las plazas que ya estamos atendiendo, ¿cómo va a poder contratar estas otras?", se pregunta Félix Arrizabalaga, gerente de Atades Zaragoza.

De momento, las asociaciones del sector han podido hacer frente a los pagos y desde Plena Inclusión lanzan un mensaje de tranquilidad a las familias: las plazas de sus hijos no corren peligro. Sin embargo, a las familias de Adislaf se les ha agotado la paciencia. Las facturas de plazas sin concertar rozan en esta organización el medio millón de euros: 446.916, para ser exactos. Este dinero, sumado a los 249.761 euros que les adeuda el INAEM por las cuotas de los trabajadores contratados en sus centros especiales de empleo que no abona desde noviembre, ha puesto a la entidad en una situación delicada, según denuncia José María López, su presidente.
 

"Quiero asegurar el futuro de mi hija"

Francisco Vergara es uno de los padres preocupados por el futuro de sus hijos que participa en el encierro en la sede de Adislaf. Tiene 68 años y su esposa 71. Su hija, Laura, tiene 41, un 38% de discapacidad y lleva más de 20 años trabajando y ganándose su sueldo en uno de los centros especiales de empleo de la entidad. "Si necesitásemos que Laura entrase a vivir aquí no podríamos porque no hay plazas. Hemos avanzado pero no lo suficiente y quiero soluciones que partan de la Administración para asegurar al 100% el futuro de nuestros hijos", exige este padre.

"Llegará un momento en el que tenga que depender de una residencia y el Gobierno de Aragón debería hacer lo posible por apoyar a estas asociaciones en vez de ahogarlas, para que no se vayan al garete los únicos recursos que tenemos las familias", concluye este padre desde su encierro.
 







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