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Cortes de Aragón

El PP pide la continuidad de la asistencia jurídica que prestan los colegios de abogados

Ledesma señala que durante dos meses no se prestará asesoría a mujeres víctimas de violencia de género.

Europa Press. Zaragoza Actualizada 28/04/2016 a las 16:26

El grupo del PP en las Cortes de Aragón pedirá, a través de una proposición no de ley, un marco "estable y adecuado" de "colaboración leal" entre las autoridades públicas y los colegios de abogados de la Comunidad "para que se reconozca y garantice la continuidad de los servicios de asistencia jurídica que prestan en defensa de los derechos y libertades de las personas vulnerables o en situación de necesidad".

Así lo ha señalado en rueda de prensa el diputado del PP portavoz en el área de Justicia en las Cortes autonómicas, Fernando Ledesma, quien también ha anunciado que van a solicitar la comparecencia del consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, para que explique "cómo están llevando a cabo las relaciones con los colectivos profesionales y los funcionarios que actúan dentro de la Administración de Justicia".

Ledesma ha advertido del vacío que se puede generar a partir del 1 de mayo, después de que los colegios de abogados hayan anunciado que van a dejar de prestar el servicio de asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia, una vez que el convenio que poseían con el Ejecutivo aragonés dejó de estar en vigor en enero y que la Comunidad haya publicado este mes la convocatoria del mismo abierta a empresas.

El diputado del PP ha comentado que "el nuevo contrato no se podrá firmar hasta finales de junio" por lo que "durante dos meses no se va a prestar el servicio" y se ha preguntado "qué va a pasar si alguna mujer lo necesita" en ese periodo.

Ledesma ha manifestado que "volvemos 20 años atrás" y ha recalcado que "hacemos responsable a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, de cualquier consecuencia de la ausencia de este servicio en este tiempo", y también al consejero de Presidencia, que "debe velar por las personas en situación de necesidad y vulnerabilidad" que tengan que acudir a la Justicia.

En este punto, ha comentado que estas competencias dependen del Departamento de Presidencia, a cuyo consejero también ha hecho responsable "de las consecuencias de los ataques a los colegios de abogados".

Ledesma ha lamentado que el Ejecutivo utilice como "armas arrojadizas" a las personas "en situación de vulnerabilidad económica, personal o de necesidad" para "atacar" a los colegios de abogados.

Utilización

El parlamentario del PP ha apostillado que aunque el Gobierno sostiene que pone en primer lugar a las personas y la atención a la emergencia social, lo que está haciendo es "poner en riesgo a las personas que carecen de recursos para la defensa de sus derechos y libertades" y "utilizarlas como proyectil en su ataque a los colegios de abogados", una actitud con la que "no entendemos qué pretende, qué busca".

Ledesma ha esgrimido que "primero fue con la justicia gratuita" al recoger el Gobierno del PSOE en su primer presupuesto "un recorte del 40%" para esta partida, dejando para tal fin "la menor cuantía de toda la historia", un servicio gestionado por los colegios de abogado "destinado a personas carentes de recursos para defender sus derechos y sus libertades".

Ha aclarado que "cuando el Gobierno necesitó los votos del PP" para hacer modificaciones presupuestarias que permitieran mejorar la dotación a las comarcas y el abono de la paga extra a los funcionarios, "incluimos en el paquete" de la negociación "algunas partidas más, como la mejora de la justicia gratuita", para reseñar que ha sido con un Gobierno de su partido con el que se ha destinado "la mayor cantidad de toda la historia" a esta última.

"Unos cardan la lana y otros partidos llevan la fama", ha sintetizado el diputado 'popular', que ha añadido que lo ocurrido con la asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia es un "nuevo ataque a los colegios de abogados", para rechazar el argumentado dado por el Ejecutivo de que se ha sacado a licitación pública en aplicación de una directiva europea.

Ledesma ha detallado que esa normativa aclara que el procedimiento público de contratación "no se aplicará" a servicios para el asesoramiento jurídico destinado a la preparación de procedimientos judiciales "o cuando existe una alta probabilidad que el asunto sea objeto de los mismos".

El diputado ha recalcado que el Gobierno ha utilizado un "argumento falaz en su guerra contra los colegios de abogados", para aclarar que para estos casos "hacen falta abogados, no basta con licenciados en Derecho".


Tufillo

El parlamentario del PP ha alertado, asimismo, de un "cierto tufillo" en la tramitación del expediente para sacar a licitación este servicio, después de que en diciembre de 2015 la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, se reuniera con los colegios de abogados y les pidiera que siguieran prestando esta asistencia hasta que se sacara el nuevo contrato.

En este punto, ha manifestado que el pasado 23 de febrero una empresa publicó un anuncio en el que solicitaba abogados especialistas en violencia de género, cuando "ni siquiera estaba el expediente firmado y completado en el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales".

Por eso, ha pedido a la consejera que "investigue" cómo esa empresa "tuvo el don de averiguar un mes antes de que estuviera finalizada la tramitación que se iban a necesitar abogados para este asesoramiento".

Mientras tanto, ha continuado, los colegios han estado prestando el servicio "sin un contrato que los avalara" por lo que "se ha violentado la buena fe que debe regir cualquier relación" que ha llevado a estos profesionales a anunciar que dejarán de ofrecerlo a partir del próximo 1 de mayo, generándose una "situación peligrosa para las personas que están en situación de vulnerabilidad".







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