Los impuestos mediambientales, los que generan más reclamaciones

Puede que a muchos ciudadanos no hayan oído hablar nunca de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se trata del órgano de la DGA ante el que cualquier ciudadano puede recurrir impuestos propios de la Comunidad, tasas o precios públicos, entre otras vías de recaudación. No se trata, ni muchos menos, de un organismo recién llegado. Se creó en la década de los 90 y la materia que atiende, los llamados recursos económico-administrativos, aparece regulada por primera vez en las leyes españolas en 1881.

Aunque a usted esta Junta y su labor no le suene demasiado, lo cierto es que cada año recibe en torno a 200 reclamaciones de todo tipo. El año pasado, según se detalla en su informe de actividad, la Junta recibió 158 reclamaciones. El objeto más reclamado (centró 81 expedientes en total) fueron los impuestos medioambientales, con especial protagonismo del impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta. El canon de saneamiento centró 28 procesos, los mismos que tenían por fin reclamar contra sanciones impuestas por alguno de los órganos de la Comunidad. Otras reclamaciones se interpusieron sobre los servicios sanitarios a presos (seis en total), tasas de la Comunidad Autónoma o costas judiciales, entre otras.

Prácticamente el 87% de las 199 reclamaciones que se despacharon el año pasado fueron desestimadas. Según se precisa en la memoria, solo se estimaron 11 porque 16 resultaron inadmitidas. El elevado porcentaje de inadmisiones contrasta con la media que registran otros tribunales económico-administrativos y que se sitúan en torno a 20 puntos porcentuales por debajo del aragonés (35% de estimaciones), según se explicita en el documento.

Casi dos millones en reclamaciones

El importe total de las cuantías de lo reclamado durante el año pasado se estimó en 1,7 millones de euros. “Es especialmente reseñable la cuantía de las reclamaciones derivadas del impuesto medioambiental por grandes áreas de venta”, se señala en el texto, “que ascendió en solo diez expedientes resueltos a más de un millón de euros”.

2015 fue un año atípico para el organismo. El cambio de legislatura provocó cambios en su estructura y entre los meses de junio y octubre, ambos inclusive, la actividad se detuvo en los despachos de la Junta. A pesar del “esfuerzo” realizado en la recta final del año, consiguiendo despachar casi 40 asuntos más de los que entraron, 2015 concluyó con 158 reclamaciones pendientes, tantas como habían entrado nuevas a lo largo de todo el ejercicio.

El parón de la actividad no fue el único culpable de los retrasos en las revisiones, según explica la propia Junta. Aún se arrastran expedientes sin resolver de 2013, año en el que se triplicó el ingreso de asuntos.

Como objetivo para este año los miembros de la Junta de Reclamaciones se han marcado mejorar la tramitación y agilizar así el ritmo de resoluciones. Para ello se ha acordado incrementar la periodicidad de las sesiones y mantener el ritmo de asuntos por sesión, que asciende a alrededor de una veintena de expedientes. Otra de las líneas estratégicas de trabajo para este año pasa precisamente por erradicar el desconocimiento generalizado de la Junta y de su labor entre la ciudadanía. Para ello se ha decidido aprovechar la ventana al mundo que es internet y habilitar un portal específico en el que se puedan consultar el estado de los trámites y las resoluciones dictadas desde 2011 hasta la actualidad, entre otra información práctica.

Cerca de 60.000 euros de presupuesto

La sede de la Junta es el edificio que la DGA tiene en la plaza de los Sitios, en la esquina con la calle de Costa. Está compuesta por cuatro personas: su presidente, que es el director general de Contratación, Patrimonio y Organización del departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón; dos vocales y una secretaria, todos funcionarios del grupo A. “Esta composición cumple con las exigencias legales sobre independencia y profesionalidad de sus miembros”, indica el informe. Cada uno de los miembros de la Junta recibe 170 euros brutos por sesión en concepto de dietas, lo que eleva el corte directo de funcionamiento a 680 euros cada reunión. Al cabo del año 2015, en el que se constituyeron una decena de sesiones, este coste ascendió a 6.800 euros.

A esta cantidad hay que añadirle las retribuciones del personal de apoyo administrativo de este organismo, que el pasado ejercicio ascendió a 51.022,11 euros brutos, ya incluidos los costes a abonar a la Seguridad Social. Así, la factura que llegó el año pasado a las arcas públicas desde la Junta de Reclamaciones fue de 57.822,11 euros.