La DGA estudiará extender las ayudas a empleados públicos con personas discapacitadas a su cargo

Se trata de una sugerencia del Justicia de Aragón.

Persona discapacitada accediendo a un vehículo adaptado en una imagen de archivo
Persona discapacitada accediendo a un vehículo adaptado.
Rafael Gobantes

La Administración autonómica ha aceptado una sugerencia del Justicia de Aragón para incluir entre los empleados públicos beneficiarios de las ayudas sociales por hijo con discapacidad a aquellos que tienen a su cargo a otras personas con discapacidad, en similares términos.


La sugerencia del Justicia responde a la queja de una persona que pedía la misma consideración para los funcionarios que tienen un hijo con discapacidad que para aquellos que tienen a otra persona o familiar con discapacidad a su cargo, entendiendo que la situación también es susceptible de apoyo y protección.


En su escrito dirigido a la Administración, el Justicia de Aragón ha argumentado que el Código de Derecho Foral de Aragón asigna al tutor, tanto del menor como del incapacitado obligaciones que implican carga económica y que justificarían, por consiguiente, el establecimiento en el marco del programa de ayudas del Gobierno de Aragón para sus empleados públicos, una compensación para aquellos designados tutores de un menor o incapaz con discapacidad.


Ha añadido el Justicia que, además, dichas cargas económicas se producen igualmente en supuestos en los que el empleado tenga a su cargo a una persona con discapacidad, pese a no estar sujeta formalmente a su tutela, cuando la misma no percibe retribuciones económicas.


El Ejecutivo aragonés, según han informado desde el Justiciazgo, ha entendido estos argumentos y se ha comprometido a tenerlos en cuenta en una futura reforma del Reglamento que regula las Ayudas Sociales con el objetivo, según el informe de respuesta remitido al Justicia de "potenciar el aspecto social del sistema y mejorar sus condiciones sociales, en especial, hacia aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad social".


El Justicia, Fernando García Vicente, ha valorado de forma muy positiva la aceptación de la sugerencia por cuanto supone una mayor protección para las personas con discapacidad.


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