Broto exige al Estado corresponsabilidad para la financiación de dependencia

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha exigido este miércoles al Estado que sea corresponsable y cumpla la ley de dependencia, asumiendo la aportación que está obligado a hacer a las comunidades autónomas.

Broto, quien asiste al Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, convocada por el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha mostrado a los medios tras la reunión su decepción porque en ella no se ha hablado de la financiación de la dependencia.

Actualmente, ha relatado, la financiación que recibe el Gobierno de Aragón del Estado es del 19% del coste total, y el 81% lo tiene que aportar la comunidad autónoma.

Una comunidad que cuando ella tomó posesión, en julio de 2015, acumulaba un 33% de dependientes que no cobraban ninguna prestación a pesar de tener reconocido el derecho, y por eso ha estimado que debería haberse debatido hoy del "problema fundamental", que es la financiación de los servicios asociados a la dependencia.

Y más después de que en julio de 2015 se empezara a atender a los dependientes moderados, que es muy importante porque previene problemas más graves en el futuro.

Broto también ha echado en falta que no se haya hablado de la acreditación de las personas que trabajan con dependientes, una cuestión sobre la que ha asegurado que en Aragón "se ha avanzado mucho", ya que todas estas personas cuentan con su acreditación, lo que prueba "la calidad del sistema".

Pero ha agregado que para "seguir avanzando" y continuar teniendo personas que trabajen con los discapacitados debería hacerse una convocatoria estatal de acreditación o, por lo menos, que el ministerio cediera a las autonomías la financiación necesaria para poder hacer convocatorias autonómicas.

Por otro lado, se ha referido a las críticas del Observatorio Aragonés de la Discapacidad Intelectual y la Parálisis Cerebral, que ha anunciado que sus asociaciones no asistirán a ningún acto institucional organizado por el Gobierno para el Día de Aragón en protesta por la falta de contratación de plazas para personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral, y los retrasos en los pagos a los centros especiales de empleo

Broto, quien ha asegurado que se ha reunido con ellos en dos ocasiones en muy poco tiempo, ha insistido en que cobran todas las facturas "en tiempo y forma" desde que el PSOE llegó al gobierno.

De hecho, ha explicado que lo primero que tuvo que hacer fue una modificación de ocho millones de euros para poder pagar las plazas concertadas que el gobierno anterior adeudaba.

"No hay ninguna factura por pagar, todas las facturas que nos presentan y que están auditadas están pagadas", ha insistido la consejera, quien ha reconocido no obstante un problema en la concertación de plazas, que ha achacado a lo que establece el acuerdo marco, que trabaja para modificar.

Este mes se van a cubrir todas las plazas que permite este acuerdo marco, que tiene intención de modificar en cuanto a este número de plazas y a su presupuesto, ha dicho.

En este sentido, ha pedido a estas entidades "compromiso y colaboración" para poder solucionar sus reivindicaciones.

Y ha lamentado profundamente que hayan decidido, de forma "lícita", no acudir a los actos del 23 de abril, entre otras cosas porque es la Asociación de Disminuidos Físicos de Aragón quien recibe la Medalla de las Cortes y el científico oscense Carlos López Otín (que da nombre al centro de atención temprana de Sabiñánigo) el premiado con el máximo galardón del ejecutivo autonómico.