El Justicia pide a Educación que supervise los materiales educativos
El objetivo es evitar que los colegios utilicen libros que se complementan con aplicaciones informáticas con una validez inferior a los cuatro años.
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha remitido una Sugerencia al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón para que adopte las medidas de supervisión oportunas de los libros de texto y del resto de materiales didácticos que los complementan para evitar que los colegios utilicen libros que se complementan con aplicaciones informáticas con una validez inferior a los cuatro años exigidos por la norma para los libros de texto.
La Sugerencia del Justicia responde a la queja de unos padres sobre las aplicaciones informáticas que incluyen los libros de una determinada editorial para poder acceder a ejercicios de repaso en la plataforma digital de dicha editorial. Según se recogía en el escrito de queja remitido a la Institución, el código de acceso de las aplicaciones únicamente tiene validez para un curso, mientras que los libros asociados deben servir para cuatro.
En opinión de los padres, compartida por la Institución, esto supone un perjuicio económico en caso de que el niño repita o tenga hermanos que le siguen y contradice el valor educativo de la reutilización del material escolar. Añade el Justicia, que impedirá que se desarrolle de forma efectiva el sistema de préstamo de libros de texto previsto por el Gobierno de Aragón para el curso 2016-2017.
El Justicia de Aragón argumenta la sugerencia, por un lado, en la facultad que tiene la Administración educativa, de acuerdo con la LOMCE, para supervisar los libros de texto y materiales curriculares, y por otro, en la opinión pública mayoritaria que defiende un periodo de validez editorial de los libros lo más amplio posible, extendiendo su vigencia de 4 a 5 años.
Fernando García Vicente concluye su escrito recordando que los libros de texto son una herramienta de aprendizaje necesaria para garantizar el derecho fundamental a la educación recogido en el artículo 27 de la Constitución Española, cuya compra, para muchas familias supone un importante esfuerzo económico, dado que las ayudas resultan insuficientes para atender las múltiples solicitudes que se presentan.
