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Conflicto diplomático

Marruecos defiende su actuación con los cinco españoles expulsados

Se trata de un magistrado y cuatro abogados, entre los que hay una letrada zaragozana.

Efe. Madrid Actualizada 09/04/2016 a las 10:33
La abogada aragonesa Altamira Guelbenzu, este jueves a su llegada a Barajas.Efe

Marruecos ha defendido su actuación con los cinco españoles expulsados del país por apoyar a presos saharauis y los ha acusado de pretender "crear disturbios y atentar contra el orden público".

El Gobierno de Marruecos expulsó el jueves a cinco españoles (un magistrado y cuatro abogados, una de ellos zaragozana), dos franceses y un belga que habían llegado a Rabat para solidarizarse con los presos saharauis del llamado "grupo de Gdaim Izik", en huelga de hambre desde el pasado 1 de marzo.

En un comunicado remitido este viernes por su embajada en Madrid, Marruecos sostiene que los ocho actuaron "en violación de las leyes vigentes" y "pretendían intervenir, como si fueran los amos, en un país que, algunos parecen olvidar, es independiente y soberano".

Añade que los detenidos del denominado 'grupo de Gdaim Izik' han sido condenados por los "crímenes de constitución de bandas criminales, violencia contra las fuerzas del orden con resultados de muerte con premeditación y mutilación de cadáveres".

El Ministerio de Exteriores pidió el jueves explicaciones a la embajada marroquí por la expulsión de los cinco españoles y recabó oficialmente información sobre las circunstancias de su expulsión.

Según un comunicado de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España, los españoles formaban parte de una misión que tenía como objetivo visitar a 13 presos políticos saharauis que llevan 37 días en huelga de hambre.

Desde su hotel fueron llevados a la fuerza a dependencias policiales donde fueron sometidos a un intenso interrogatorio y expulsados, según esa asociación.

Los trece presos del 'grupo de Gdaim Izik', el campamento de las afueras de El Aaiun que en 2011 fue escenario de violentos disturbios, se habían declarado en huelga de hambre para exigir un nuevo juicio por considerar que el anterior, celebrado en 2013 en un Tribunal Militar y que los condenó a penas de entre 25 años y la perpetuidad, había carecido de todas las garantías jurídicas. 







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