El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha dicho que los grupos de trabajo para contener el gasto sanitario y educativo, cuya creación se anunció en febrero, en ningún caso tienen la función de limitar el gasto, sino prevenir lo que puede suceder en áreas en las que cualquier desviación produce problemas.

Gimeno ha respondido este viernes en el pleno de las Cortes a una interpelación formulada por el diputado de Podemos Héctor Vicente, quien ha mostrado su preocupación por que las decisiones de estos órganos (ya creado en el caso de Sanidad, y por crear en el de Educación) puedan producir retrasos en los pagos o desabastecimientos.

Según Gimeno, son organismos "eficaces" que tienen su utilidad en tanto en cuanto la gestión del presupuesto, sobre todo el Sanitario, está sometida a "tensiones". Y más teniendo en cuenta que Educación y Sanidad aglutinan el 54 % del presupuesto total, con 2.600 millones de euros.

De hecho, ha explicado que la demanda sanitaria crece en todo el mundo por encima del PIB, y cualquier desviación en las partidas "produce problemas".

La diferencia de estos grupos de trabajo con la unidad de control de gasto que creó el gobierno anterior es que están formados por técnicos de Hacienda pero también de los departamentos a los que se refieren, que analizan las medidas a tomar cuando se detectan incrementos de las necesidades o problemas puntuales.

La unidad de control de gasto sigue operativa aunque muchas veces se ha querido desmantelar porque, según ha dicho Gimeno, las continuas medidas de contención impuestas por el gobierno central recomiendan que siga abierta.

Formada sólo por técnicos de Hacienda, esta unidad se dedica, por ejemplo, a determinar la mejor fecha para la licitación de los proyectos o a decidir el destino de los fondos obtenidos por las bajas en las licitaciones de concursos públicos.

En todo caso, y ante las dudas mostradas por Vicente referidas a que estas unidades puedan provocar una baja ejecución del gasto público y el retraso en las transferencias, Gimeno ha insistido en que la "prioridad absoluta" del ejecutivo es el gasto social, aunque haya que defender la estabilidad presupuestaria.

Y en este sentido, y como Aragón va a cumplir el techo de gasto marcado, cualquier modificación en el presupuesto repercute "automáticamente" en el resto de partidas.

Viente, por su parte, ha considerado que es "revelador" que las cuestiones sociales sean "las primeras a las que se recurre cundo hay que recortar el gasto", lo que demuestra el "tic inconsciente" que revela la "verdadera naturaleza" de los pensamientos del gobierno.

A su juicio, antes que controlar el gasto en esas áreas habría que hablar de la disminución del sueldo de los consejeros o lo diputados, de los gastos protocolarios o de las dietas.