Las empresas públicas de Aragón han sido las primeras que, tras cumplimentar un diagnóstico online, recibirán un informe de Responsabilidad Social Personalizado, según ha anunciado el director gerente del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Ramón Tejedor, durante la primera jornada de implantación del Plan de Responsabilidad Social de Aragón (RSA).

En dicho informe se indicará el nivel de implantación en el que se encuentra y las oportunidades que se le sugieren para mejorar y todas las empresas participantes firmarán un código ético y desarrollarán una Memoria de Responsabilidad Social.

Esta es la primera acción formativa del Plan RSA, puesto en marcha por el Gobierno de Aragón, junto con CEOE Aragón, Cepyme Aragón, UGT Aragón y CC.OO Aragón.

Los autónomos, pymes y grandes empresas que deseen participar se pueden inscribir en la página web www.aragonempresa.com y a partir de mayo comenzará la formación.

En el marco del Plan de Responsabilidad Social de Aragón, las empresas se comprometen a una serie de principios, entre ellos, a aplicar de forma voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, y en sus políticas y procedimientos, los valores y códigos éticos del Plan RSA, que surgen de la relación y el diálogo transparente con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que derivan de sus acciones.

También se comprometen a ser una organización ejemplar y transparente en el ejercicio de su actividad y a incorporar de forma activa criterios ambientales, sociales y de Buen Gobierno en los procesos, productos y servicios de la empresa.

Promoverán unas relaciones profesionales basadas en el respeto a la dignidad de los demás, colaboración, equidad y comunicación, que propicien un buen ambiente profesional y apostarán por la excelencia en la gestión y la mejora continua para prestar los mejores servicios a los clientes en base a una relación de confianza y credibilidad.

Mediante este código se exigirá una relación con los proveedores ética y responsable, evitando cualquier interferencia que pueda afectar a la imparcialidad en esta materia y se fomenta el respeto al medio ambiente y por el entorno mediante la puesta en marcha de actuaciones referentes al control y consumo responsable de recursos naturales, la minimización del impacto ambiental, o el impulso de las tecnologías limpias, entre otras.