La portavoz adjunta del grupo parlamentario del PAR de las Cortes de Aragón, María Herrero, ha exigido este viernes que se garantice la suficiencia financiera de los colegios concertados. Ha registrado una proposición no de ley que se debatirá en sesión plenaria.

Herrero ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha afirmado que "no se da" la igualdad real en cuanto a la gratuidad en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos, haciendo notar que uno de cada tres alumnos de la Educación básica estudia en colegios concertados.

En su iniciativa, el PAR se dirige al Gobierno de España para solicitarle que elabore, en seis meses, un estudio para valorar la cuantía suficiente que permita prestar el servicio educativo "como establece la legalidad vigente".

Herrero ha subrayado que la propia legislación básica del Estado reconoce que la situación es "deficitaria". El artículo 88 de la Ley Orgánica de Educación establece que las Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la gratuidad de las enseñanzas gratuitas y el 117 señala que la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados se establecerá en un módulo presupuestario.

Ha expuesto que el Gobierno de España transfiere a todas las comunidades autónomas una partida para garantizar la gratuidad de la Educación en la concertada, con un módulo mínimo de 37.448,07 euros por aula y año para Aragón, mientras Ceuta y Melilla tienen 44.437,97 y el País Vasco 62.468. Sin embargo, hay diferencias entre las regiones, ya que Aragón, Extremadura y Andalucía carecen del módulo complementario propio que sí tienen otras comunidades.

"En Aragón se ha avanzado tímidamente desde 1999" con medidas como el acuerdo de recolocación, la subida de la ratio en Infantil y Primaria de uno a 1,2 docentes por aula y con el complemento autonómico, pero sigue habiendo un déficit de entre 4.000 y 6.000 euros por aula y año, ha continuado la portavoz adjunta, quien ha puesto de relieve que en Aragón hay 2.350 aulas concertadas, por lo que el déficit es de unos 12,5 millones de euros.

En su opinión "no tiene sentido" que la Comunidad Autónoma tenga que responder por aquello que no financia el Ejecutivo central, aunque se destinen fondos complementarios. Ha defendido que todas las personas puedan acceder a cualquier centro sostenido con fondos públicos "con independencia de su origen social, económico y cultural".