El Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución ha estado insuficientemente dotado presupuestariamente por el Gobierno de Aragón desde su creación (excepto en 2009), lo que le ha impedido asumir sus obligaciones y lo que ha derivado en "abultados saldos de obligaciones pendientes" de imputar al presupuesto año tras año.

Así, entre los ejercicios 2010 y 2014 se incurrió en un déficit presupuestario de aproximadamente tres millones de euros cada año, fundamentalmente en el capítulo II (gasto corriente), lo que ha generado un saldo de 15,9 millones de euros en la cuenta 409 (acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto).

Esta cuenta ha sido utilizada "de forma improcedente" de forma reiterada y "recurrente" durante toda la vida del CASAR, según el informe de la Cámara de Cuentas sobre la actividad del CASAR de 2013 y 2014, enviado por el organismo fiscalizador a las Cortes de Aragón.

El informe emite una "opinión desfavorable" con las cuentas del CASAR, tanto desde el punto de vista financiero como desde el cumplimiento de la legalidad.

El documento asegura que en 2013 se produjeron gastos por 3,22 millones de euros y por 2,58 millones en 2014 que no se aplicaron al presupuesto, pero que modifican el resultado puesto que corresponden a bienes y servicios efectivamente recibidos en dichos ejercicios pero que no se han podido reconocer con cargo al presupuesto corriente.

Debido a la insuficiencia de las transferencias de la comunidad autónoma para cubrir los gastos del CASAR desde la misma creación del consorcio, en 2006, y a que se comprometió gasto sin crédito suficiente para realizarlo, el consorcio entró en una "situación de desequilibrio total, equiparable a la de quiebra empresarial", que fue lo que al final originó su disolución y su integración en la estructura sanitaria de la comunidad, a fecha 31 de diciembre de 2014.

Los fondos propios negativos del CASAR, por tanto, se han trasladado al Salud y aparecerán como pérdidas del departamento en el ejercicio de 2015, advierte el informe, y ya el Salud ha reconocido presupuestariamente en el ejercicio pasado obligaciones por un importe de 15,24 millones de euros (que coincide con el total de las facturas pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2014).

Además de los 15,9 millones devengados y pendientes de aplicar al presupuesto, el CASAR registra unas pérdidas acumuladas de 13,60 millones de euros, cuantías "desproporcionadas" para el tamaño presupuestario de la entidad (de 18,83 millones en 2013 y de 17,89 millones en 2014).

Además, el CASAR no cumplía con los periodos medios de pago fijados por la normativa de lucha contra la morosidad.

Y se ha calculado, teniendo en cuenta todos los saldos pendientes de abonar, que el plazo medio de pago (PMP) para el ejercicio de 2013 fue de 233 días en gasto corriente y de 464 en inversión (468 y 918 días, respectivamente, en 2014), cuando el plazo máximo legal en esos años era de 30 días.

Respecto al personal, se constata que en el periodo 2008-2014 los gastos del capítulo I siempre excedieron de las cuantías aprobadas en las leyes anuales de presupuestos, para lo que en todas ocasiones se requirieron modificaciones presupuestarias, excepto en 2012, debido a una causa sobrevenida como fue la supresión de la paga extra ese año.

Las cuentas del CASAR no reflejan correctamente la cifra real de trabajadores de la entidad, ni sus escalas ni categorías; la entidad nunca tuvo manuales internos de organización y procedimientos; los mecanismos de control horario del personal no eran exhaustivos, y el intercambio de información entre centros no estaba debidamente informatizado.

El CASAR se constituyó por convenio el 4 de octubre de 2006 entre el Gobierno de Aragón, los ayuntamientos de Ejea de los Caballeros, Jaca, Fraga y Tarazona, y la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ), como una entidad jurídica pública, para dirigir y coordinar la gestión de los centros, servicios y establecimientos sanitarios del área territorial afectada a los municipios firmantes.

El Consejo Rector del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución acordó el 3 de octubre de 2013, disolver y abrir el proceso de liquidación del consorcio, lo que efectivamente se produjo el 31 de diciembre de 2014, cuando el CASAR cesó en su actividad y quedó subrogado el Servicio Aragonés de Salud.

Antes de la disolución, el CASAR tenía 98 trabajadores interinos ocupando vacantes de plantilla, y 91 de ellos continúan prestando servicios "sin solución de continuidad y con la misma modalidad de contrato laboral de origen".

La entidad, añade el informe, utilizó incorrectamente el contrato de interinidad en numerosas ocasiones.

Y a fecha de hoy, se añade, el Salud no ha aprobado el plan de empleo fijado en la ley de disolución del CASAR para determinar las condiciones jurídicas y categorías aplicables al personal que se integra.