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Competencia defiende el consumo colaborativo y critica las trabas impuestas en Aragón

La CNMC publica su informe sobre este pujante sector criticando la regulación del taxi o de las viviendas turísticas, entre otras.

I.M. Zaragoza Actualizada 18/03/2016 a las 08:04
El sector del taxi, uno de los más beligerantes con la economía colaborativa

Contratar un servicio o compartirlo con desconocidos. Adquirir una vivienda, o intercambiarla. Tener o usar. En esas disyuntivas se mueve la denominada economía colaborativa, el pujante sector que, de la mano de las nuevas tecnologías, está revolucionado los mercados de consumo y amenazando el funcionamiento actual de sectores como el transporte o el turismo.

Empresas como Bla Bla Car, Uber, Airbnb o Cabify ya forman parte del lenguaje habitual en la sociedad. Se calcula que en España hay unos 500 proyectos de economía colaborativa. Pero más allá de su número, destacan por la influencia que han adquirido en un escaso margen de tiempo. Según el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la próxima década este tipo de negocios podrían generar más de 300.000 millones en todo el mundo.

Toda una revolución que, como suele ser habitual, ha pillado a contrapié a las administraciones públicas y ha dejado obsoletas en pocos años las regulaciones y normativas vigentes. De ahí que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se haya puesto manos a la obra y tras más de un año de trabajo acaba de publicar su esperado informe sobre la economía colaborativa en España.

En su estudio, la CNMC no solo se posiciona claramente a favor de este tipo de consumo de intercambio, sino que ataca directamente las trabas que se están poniendo en marcha a este sector, muchas de ellas aplicadas en Aragón.

Es el caso del alquiler de viviendas turísticas, de reciente regulación en la Comunidad. En verano del año pasado entró en vigor el decreto que obligaba al registro de pisos destinado a su arrendamiento por estancias menores de un mes con fines turísticos. Desde entonces y hasta el mes de febrero, la DGA ha dado el visto bueno a 325 viviendas, de los 461 expedientes presentados. El resto se encuentra en proceso de inspección y valoración.

El objetivo es regular un sector que hasta ahora se encontraba en un limbo legal para ofrecer garantías de calidad a los usuarios, acabar con una situación de competencia desleal denunciada por los hoteleros, hacer emerger economía sumergida y obtener datos estadísticos fiables. Para ello, se establecieron una serie de restricciones que ahora son criticadas por Competencia.

Entre sus recomendaciones, la CNMC apuesta por “eliminar la inscripción de las viviendas turísticas en un registro por ser equivalente a un régimen de autorización previa de actividad”. Estos requisitos “implican un exceso de trámites administrativos que supone una carga regulatoria, pueden desincentivar la participación en el mercado y resultan contrarios a la regulación comunitaria en materia de servicios”, señala el informe.

Además, propone acabar con cualquier tipo de requisito de estancia mínima o máxima, así como las limitaciones por tipo de vivienda y por localización, las moratorias en la autorización de nuevas viviendas turísticas, e incluso propone que se pueda alquilar la vivienda habitual, bien en su totalidad o por habitaciones.

Desde la DGA defienden que las condiciones que deben cumplir las viviendas en Aragón “no son tan restrictivas como en otras comunidades autónomas con el objetivo de facilitar la inclusión de las viviendas en nuestro registro”. En este sentido, “es suficiente con presentar una Declaración Responsable en la que se informe de las características de la vivienda. Desde la Dirección General de Turismo se procede a la inspección de la misma y se registra”, señalan fuentes del Ejecutivo aragonés.

Ante las críticas de Competencia, la directora general de Turismo, Marisa Romero, defiende que “ponemos facilidades a las personas que quieran dedicar una vivienda a uso turístico en Aragón. No pedimos grandes condiciones en estas viviendas pero sí que ofrezcan los servicios mínimos como pueda ser ropa de cama o una cocina equipada, así como luz, agua… es decir, lo básico”.

Sin embargo, la CNMC deja claro que, a su juicio, la economía colaborativa, tanto en el sector de las viviendas turísticas como en otros, proporciona importantes beneficios: “Permite, entre otros, precios más eficientes, mayor calidad por un mismo precio, creciente variedad, una utilización más eficiente y sostenible de los recursos sociales y el fomento de la innovación”, señala.
 

Transporte de viajeros

No es el único sector en el que mete mano este organismo gubernamental. El transporte de pasajeros ha sido uno de los más 'afectados' por la llegada de empresas e iniciativas de intercambio de servicios, que han desatado las iras de taxistas y compañías de autobús interurbano. Para la CNMC, sin embargo, existen “importantes obstáculos a la competencia” que deberían desaparecer.

Por ejemplo, propone la supresión de los denominados 'números clausus' o sistema de licencias, que impide la libre entrada al sector de cualquier interesado. A su vez, aboga por eliminar las restricciones territoriales de las licencias, los horarios obligatorios, o la prohibición de arrendar o ceder la explotación del vehículo.

Desde la asociación nacional Fedetaxi ya han manifestado su rechazo a este informe, que califican como “sesgado y deficiente”. Una postura compartida por Mariano Morón, presidente de la Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza (APATZ). “Yo también estoy a favor del consumo colaborativo, por ejemplo, de que mi hijo comparta coche para salir un sábado. Pero no de aquellas empresas camufladas que en realidad buscan un negocio”, critica.

A su juicio, existen 'números clausus' por una “cuestión de calidad”, ya que “no todo el mundo está preparado para ser taxista”. Y pone de ejemplo lo ocurrido en ciudades donde han triunfado servicios como Uber, como en San Francisco (EE. UU.): “Empezaron siendo más baratos y ahora ya son más caros que un taxi tradicional”, lamenta.

En cualquier caso, la CNMC insiste en las trabas impuestas por las administraciones al sector del transporte de viajeros. En el caso de los trayectos interurbanos, Competencia considera que existe un “intenso grado de intervención pública” que debería paliarse. Y en general, recuerda que cualquier regulación “debe estar justificada desde los principios de necesidad y proporcionalidad”. Es decir, aquellas que dificulten alcanzar una mayor eficiencia en los mercados “deben ser removidas para incrementar el bienestar social”.







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