El Gobierno de Aragón apuesta por subsumir la segunda licencia de apertura de superficies comerciales, tras el visto bueno urbanístico, en un informe preceptivo municipal, como instrumento para adecuar la Ley de Comercio vigente a la legislación estatal básica, después de que el Ejecutivo central haya advertido de que varios artículos podrían ser inconstitucionales.

Lo ha dicho el director general de Industria, PYME, Comercio y Artesanía, Fernando Fernández Cuello, quien ha comparecido este martes en Comisión de las Cortes autonómicas.

Esta reforma, que según Fernández Cuello obedece a causas únicamente de técnica jurídica, está pendiente de ser remitida a las Cortes este año, como era el compromiso inicial.

Ha afirmado que tanto los letrados de la Administración General del Estado como los de la Comunidad Autónoma consideran que establecer una segunda licencia comercial que pueda ser denegada por razones de interés general distintas de las ambientales, las urbanísticas y las de patrimonio histórico-artístico, como establece la normativa estatal, es inconstitucional. Toda la legislación deja en manos de los municipios el control de las grandes superficies.

A petición de Podemos, el director general ha desgranado las objeciones legales planteadas por el Gobierno de España, sobre las que ambos Ejecutivos debatieron en la reunión de la Comisión Bilateral celebrada el pasado mes de octubre, alcanzando un acuerdo publicado en el BOA el pasado mes de febrero. Ha expuesto que esta ley data de 1989, aunque se actualizó después de que en 2006 se aprobara la Directiva Europea de Servicios.

Fernández Cuello ha señalado que los artículos posiblemente inconstitucionales son el 10, 11, 14, 17.4, 18, 20, 21 y 30, los dos primeros relativos al Registro de Actividades Comerciales, que es gratuito y no habilitante. El Gobierno de España recomendó al regional que valorara la supresión de la sanción leve para los comercios no inscritos y se está estudiando eliminarlo o elaborar uno nuevo.

El 14 regula la licencia de apertura de establecimientos y en su redacción inicial señalaba que serían concedidos por los ayuntamientos, un artículo que se podría modificar para señalar que se estará conforme a lo dispuesto en la legislación básica del Estado.

Además, se promoverá la modificación del 17.4, que limita la concesión de licencias a la existencia de razones imperiosas de interés general vinculadas al medio ambiente, el entorno urbano y el patrimonio histórico-artístico.

El Ejecutivo regional prepara una nueva redacción del artículo 18 de forma que solo se denegaría la licencia comercial en el caso de que hubiera afecciones al medio ambiente o el patrimonio. En cuanto al artículo 20, se estudiará unificar los plazos de concesión de licencias a tres meses y el artículo 21, relativo a las causas de denegación de licencias se podría suprimir si se aprueba la elaboración de informes preceptivos. VALORES

El diputado de Podemos, Román Sierra, ha señalado que la ley autonómica vigente pretende "salvaguardar los valores" que representa el pequeño comercio y las necesidades que atiende, y considera este sector "vivificador" del entramado urbano. Ha preguntado a Fernández Cuello si el Ejecutivo va a renunciar a su papel de tutelar el interés general en este campo.

"Todos somos conscientes de que uno de los sectores más afectados por la crisis ha sido el pequeño comercio", ha asegurado Sierra, quien ha criticado el aumento de las grandes superficies, el 90 por ciento de las cuales se concentra en Zaragoza, apuntando que por cada empleo nuevo que se crea en estas se destruyen dos en el comercio de proximidad.

Desde el PP, Ricardo Oliván ha expresado que la oferta comercial de Zaragoza es superior a la que le correspondería por población, lo cual "es bueno" para la capital aragonesa "y no tan bueno para otras localidades" de la Comunidad. El debate, ha indicado, es apostar por el comercio de ciudad para revivir el centro o por el de periferia.

La parlamentaria socialista, Leticia Soria, ha resaltado el papel vertebrador del pequeño comercio y ha instado al Gobierno a remitir la reforma legislativa cuanto antes.

Por el PAR, Jesús Guerrero ha defendido la libre competencia y, a la vez, el equilibrio entre pequeño comercio y grandes superficies, preguntando si esta ley de inconstitucional.

En representación de C's, Javier Martínez, ha dicho que el pequeño comercio compite en un mercado general y ha preguntado a Fernández Cuello si está promoviendo este sector, apuntando que su clientela es "completamente distinta" de la grandes superficies.

La diputada de IU, Patricia Luquin (grupo mixto) ha observado que la interpretación jurídica "tiene una serie de consecuencias políticas" porque "cierra la puerta a una serie de salvaguardas" y pretende ir "más allá de la adecuación a la normativa estatal y europea". A su juicio, el Ejecutivo "debería seguir tramitando esas excepcionalidades".