La Audiencia Nacional admite recurso contra el veto de la DGA a la duplicidad de carreras
La DGA prohíbe que una universidad privada imparta enseñanzas si ya se ofrecen por parte de la universidad pública.
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso interpuesto por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia contra el acuerdo del Gobierno de Aragón que establece la prohibición a la universidad privada de implantar titulaciones universitarias ya existentes en la pública.
La CNMC ha enviado un comunicado en el que asegura que el recurso se ha admitido a trámite "por considerarlo contrario a la Ley de Unidad de Mercado".
La comisión decidió recurrir los objetivos, criterios y requisitos que guiarán la programación de las enseñanzas universitarias oficiales para los años 2016-2019 en Aragón.
El acuerdo del Gobierno de Aragón prohíbe que una universidad privada imparta enseñanzas si ya se ofrecen por parte de la universidad pública en los centros de Huesca, Teruel y La Almunia de Doña Godina.
Competencia estima que esto "resultaría contrario a los principios de libre iniciativa económica y libertad de establecimiento y circulación de los operadores económicos".
Asimismo, considera que la vinculación de toda propuesta de implantación de nuevas enseñanzas por parte de universidades privadas a la existencia de demanda acreditada y a la aportación de garantías económicas desproporcionadas sería también contraria a la Ley de Unidad de Mercado.
El recurso se ha presentado de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado.
La CNMC concluye que está legitimada para interponer un recurso contencioso-administrativo cuando considera que una actuación procedente de cualquier administración pública "es contraria a la libertad de establecimiento o de circulación previstos en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado".
Aseguran que las actuaciones contrarias a los principios establecidos en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado limitan la competencia efectiva en la economía española, reducen el nivel de productividad, y obstaculizan el crecimiento económico.
