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Ley de Dependencia

Aragón, entre las once comunidades que suspenden en la aplicación de la dependencia

El informe del Observatorio de la Dependencia revela que uno de cada tres dependientes reconocidos no recibe prestación o servicio alguno.

Efe. Madrid/Zaragoza Actualizada 26/02/2016 a las 18:39
La ayuda a domicilio es uno de los servicios recogidos en la Ley de la Dependencia

Aragón suspende, con Galicia, Asturias, Cataluña, Extremadura, Navarra, Murcia, Baleares, Cantabria, Canarias y Comunidad Valenciana, en la aplicación de la Ley de Dependencia, según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia al cierre de 2015.

Las comunidades que suspenden obtienen las siguientes calificaciones: Galicia 4,3, Asturias 3,6, Cataluña 3,6, Extremadura 3,6, Cantabria 3,2, Navarra 2,9, Murcia 2,9, Baleares 2,1, Aragón 2,1, Canarias 0,7 y Comunidad Valenciana 0.

En cambio, superan el examen con nota Castilla y León (8,6) y Andalucía (7,5), seguidas de País Vasco (6,8), La Rioja (6,1), Castilla-La Mancha (5,7) y Madrid (5,7); esta última aprueba por primera vez en esta escala que se realiza desde hace 9 años.

Este informe revela que uno de cada tres dependientes reconocidos, 384.326 de 1,2 millones, no recibe prestación o servicio alguno.

Además, denuncia que más de 125.000 personas han muerto en los últimos cuatro años mientras esperaban recibirlas.

En España, hay 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida, un 2,5 por ciento de la población, con datos de 31 de diciembre de 2015, explica el observatorio.

El presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha cuantificado en 2.865 millones el recorte acumulado durante la última legislatura "considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadores familiares".

El informe calcula que la aportación de los usuarios o copago es de un 20 % sobre el total de gasto directo del sistema, superando a la aportación del Gobierno central.

"El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la ley, que establece una financiación al 50 % por parte de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas", denuncia el observatorio, que señala que la realidad es que el 62 % lo aportan las CC. AA., el 20% los usuarios y el 18 por ciento la administración central.

El dictamen señala que si se atendiera a las 384.326 personas que están en lista de espera se generarían más de 90.000 empleos directos, con un incremento del gasto público de 1.631 millones de euros al año.


182.000 empleos directos vinculados al sistema de Atención


En este sentido, recuerda que hay 182.000 empleos directos vinculados al Sistema de Atención de la Dependencia a finales de 2015.

"Es rentable cumplir la ley, además de un derecho", ha dicho Ramírez.

El informe alerta de que si no se reponen los recortes y se establece una financiación "seria" de la dependencia, que no dependa del Ministerio de Sanidad, "es previsible que haya algunas comunidades autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica".

El dictamen del observatorio recoge la culminación del calendario progresivo de implantación de la Ley y recuerda que el sistema se encuentra en un momento "crucial", por lo que plantea la necesidad de un pacto de Estado "que replantee el modelo de financiación y sea debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Respecto al acuerdo de gobierno del PSOE y Ciudadanos en materia de dependencia, Ramírez considera que es "tan inconcreto que no revela las verdaderas medidas que va aplicar".

"La nueva política debe ser de las personas, no puede ser que los temas sociales sean marginales y haya demasiadas inconcreciones y pocas cifras; hay que dar protagonismo a las políticas sociales y no valen solo las palabras", ha dicho el presidente del observatorio.
"Reponiendo los recortes de la dependencia atenderíamos a la lista de espera y generaríamos empleo", ha insistido Ramírez, quien ha opinado que "no es política de gasto social, sino de inversión social". 







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