Diferentes partidos políticos y asociaciones han pedido públicamente la dimisión del Delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde. El motivo son las declaración que ha realizado tras el asesinato de una mujer este lunes en Miralbueno.

"Lo lógico en estos casos es que si la mujer hubiese detectado que él podía venir a Zaragoza lo hubiera comunicado a la Policía para poner un mecanismo de protección y evitar ese acercamiento a menos de 500 metros", señaló Alcalde, según recoge la agencia Europa Press.

Para Podemos Aragón, estas palabras son "intolerables" y señalan que “como ciudadanos y ciudadanas comprometidos contra la violencia machista, nos sentimos obligados a denunciar las inadmisibles declaraciones del Delegado del Gobierno, más graves si cabe comprobando la manifiesta desprotección que sufrió la víctima por parte de las instituciones competentes; Alcalde traslada la responsabilidad a la víctima, a la misma mujer que denunció a su asesino y no obtuvo la respuesta necesaria para salvar su vida".

"No podemos mantener en la dirección de las instituciones a personas con estas graves deficiencias en materia de seguridad, por no hablar de la flagrante falta de formación en materia de erradicación de la violencia machista", señala la formación de Pablo Echenique.

Por su parte, la secretaria general de CHA, Carmen Martínez, ha exigido este martes el cese del delegado del Gobierno en Aragón afirmando que las decisiones tomadas para preservar la seguridad de la mujer asesinada en Miralbueno "han fracasado y el máximo responsable político es el delegado".

"Se ha producido un evidente fallo en las medidas de protección para la víctima, dado que existía una denuncia previa y que el asesino tenía una orden de alejamiento", ha señalado Martínez en una nota de prensa.

Sin embargo, "las medidas adoptadas para proteger su vida han resultado insuficientes y en democracia hay que asumir responsabilidades políticas cuando además estamos hablando de vidas humanas, de una muerte que se podía haber evitado tomando las medidas adecuadas", ha añadido.

También se ha unido a la petición de dimisión Izquierda Unida. Para la formación política, este asesinato machista podría haberse evitado de haberse puesto en práctica las medias de protección adecuadas, porque, cabe destacar, la víctima denunció a principios de mes a su verdugo por detención ilegal y, tras el juicio, tenía una prohibición de comunicación y aproximación de 500 metros durante 4 años.

"Nos produce estupor que el delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde, justifique las medidas de protección tomadas basándose en los kilómetros que separan Valladolid, localidad de la que el asesino era vecino, de Zaragoza", asevera la portavoz de IU en las Cortes, Patricia Luquin, para advertir que en cuestión de violencia machista “no se debe dar nada por supuesto y se deben tomar todas las medidas necesarias para la completa seguridad de las víctimas de esta lacra social”.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, también ha pedido el cese inmediato del delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, por sus declaraciones sobre el asesinato en el que aseguraba: "lo lógico en estos casos es que, si la mujer hubiese detectado que él podía venir a Zaragoza, lo hubiera comunicado a la Policía para poner un mecanismo de protección y evitar ese acercamiento a menos de 500 metros", ha indicado en un comunicado.

Por ello reclama que se abra una investigación y que se depuren responsabilidades, porque, según Montón, "este asesinato machista podría haberse evitado de haberse puesto en práctica las medidas de protección adecuadas"."Vigilar al asesino, proteger a Soraya, averiguar si el agresor tenía permiso de armas, si estaba en posesión de armas y, en el caso de que así fuese, requerirle para que las entregara, es un trabajo, una obligación y una responsabilidad de la Policía y el último responsable es el señor Gustavo Alcalde", concluye Montón.

En la misma línea se han manifestado desde la Asociación de Mujeres Amparo Poch. Para este colectivo es "inadmisible" que una mujer amenazada, que puso la correspondiente denuncia contra el maltratador, sobre el que pesaba una orden de alejamiento, 15 días después haya sido asesinada y su caso fuera calificado como de "riesgo mínimo".

"Lo mismo que no dudan el culpar a las víctimas cuando no han puesto denuncia, nosotras tampoco dudamos de que el delegado del Gobierno también tiene que asumir las responsabilidades políticas correspondientes al no dar la protección real necesaria a la víctima de este nuevo caso de violencia machista", subraya la asociación en una nota de prensa.