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Aragón

Siete residencias de ancianos han cerrado desde el pasado verano

Otros dos centros tienen orden de cierre, aunque los propietarios pueden recurrir.

Cristina Fontenla. Zaragoza Actualizada 19/02/2016 a las 12:48
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Javier Cebollada

Un total de siete residencias han cerrado sus puertas en Aragón como resultado del plan de inspección iniciado el pasado verano por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales a raíz del suceso de la residencia de Santa Fe de Zaragoza, donde murieron nueve personas. Además, sobre otras dos hay también una orden de cierre, aunque los propietarios todavía pueden recurrir la resolución.

El plan de inspección detectó que 45 centros de la Comunidad aragonesa presentaba deficiencias y se les ofreció la posibilidad de acogerse a un plan de regularización que terminaba el pasado 13 de febrero. Acabado este plazo, 18 han presentado un plan operativo de adecuación del centro y en siete se ha constatado que son centros de día.

De los 20 restantes, siete son los que han cerrado por iniciativa propia y 13 no han presentado un plan operativo de adecuación del centro. Sobre estas últimas (en las que viven 160 ancianos) ya hay una orden de cierre en dos y las otras once pueden recibir una sanción económica o incluso también obligarles a su clausura. “El objetivo es que a final de año todos los centros que estén funcionando tengan autorización”, ha asegurado esta mañana el secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, José Antonio Jiménez.

Actualmente, hay 230 residencias autorizadas en Aragón a las que hay que sumar los 45 centros en las que se detectaron deficiencias. De estas últimas, 28 no contaban con licencia municipal, cinco ni tenían licencia ni pasaron la inspección de la DGA y otras 12 tenían licencia pero no cumplían con las condiciones requeridas. Entre las deficiencias detectadas por los inspectores destacan las referidas a los planes de prevención de incendios y a la organización del funcionamiento de las instalaciones (por ejemplo, la adaptación para residentes no válidos).

En ningún caso, según aseguraron desde el Gobierno de Aragón, los problemas han motivado una acción inmediata por parte del ejecutivo.







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