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Corrupción

El juez decano de Zaragoza propone eliminar aforamientos o restringir indultos

Estas peticiones se plasman en el libro "La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos".

Efe. Zaragoza Actualizada 18/02/2016 a las 00:22
El juez decano, Ángel Dolado, y la vicealcaldesa, Luisa Broto.J. M. Marco

El juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, ha propuesto medidas técnicas, algunas de "presupuesto cero", así como restringir la figura del indulto, que "se está convirtiendo en una cuarta instancia", y eliminar los aforamientos para combatir la corrupción.

Estas peticiones se plasman en el libro "La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos", del que es coautor, que está dirigido por los profesores José María Gimeno, Julio Tejedor y Manuel Villoria y en el que diferentes expertos abordan soluciones técnicas a las prácticas corruptas desde un enfoque interdisciplinar que incluye la sociología, la ciencia política, el derecho administrativo, penal o constitucional, la economía o el periodismo.

En la presentación, celebrada en la sede de las Cortes de Aragón, Dolado, responsable de tres de los temas del libro, ha señalado que ha aportado las ideas que llevan presentando los jueces los últimos años, que incluyen 57 medidas para aumentar la confianza en jueces, fiscales y policía judicial, algunas de ellas de "presupuesto cero" pero que "no se llevan al BOE".

Se trata de medidas "técnicamente asumibles" que hay que estudiar, ha insistido, como un aumento de la ratio de profesionales judiciales, más herramientas, más auxiliares o que tengan la potestad de elegir a los inspectores o informáticos que les ayuden en su labor.

La voluntad del poder político de acabar con la corrupción se ve, según Dolado, en función del presupuesto destinado al área de Justicia.
Del mismo modo, también ha defendido un cambio en el modelo de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, en este sentido, ha instado a los políticos a que "no crean que por elegirles nosotros vamos a ser corporativistas".


Sobre los indultos, ha abogado por modificar la ley "en su integridad", por ejemplo, incluyendo un catálogo de delitos a los que quedaría restringido, entre los que "evidentemente" se situaría la corrupción, para que no predominen los aplicados por delitos medioambientales, malversación de caudales públicos o blanqueo, así como no permitir la suspensión cautelar a la espera de que se conceda, como ha recordado que propusieron en 2013 y no les hicieron "ni caso".

No obstante, el juez decano de Zaragoza ha asegurado que el indulto "es necesario", como se ha visto con el caso de la mujer víctima de violencia machista condenada por incumplir el régimen de visitas con su expareja y maltratador.

Pero donde ha sido más incisivo y claro ha sido al hablar de los aforamientos, dado que, además, basándose en estudios previos, ha afirmado que los fiscales y jueces de instancias inferiores son más eficaces a la hora de combatir la corrupción. 

"Déjense de tonterías. Hay que eliminar los aforamientos", ha sentenciado, manteniendo como máximo los del jefe del Estado y el presidente del Gobierno.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, se ha centrado en los controles financieros internos y externos a la acción de las Administraciones Públicas, que ha reconocido que la opinión mayoritaria cree que han resultado "prácticamente inútiles" para prevenir los casos de corrupción, hasta el punto de que parece que esta se ha vuelto "inmune" a estos controles.

Aunque ha aclarado que no comparte esta visión "tan pesimista", ha propuesto que estos organismos incorporen competencias específicas en materia de prevención e investigación de la corrupción, como ya se hace en Galicia e incrementar significativamente su nivel de transparencia.

Además de mejorar la claridad de los informes y de sus conclusiones, tener en cuenta que estas prácticas se dan más en los ámbitos políticos que en los funcionariales y abrir el procedimiento de la designación de sus miembros más allá de los grupos parlamentarios.

El libro, según ha explicado José María Gimeno, uno de los directores, nace de una conversación en la universidad y con el ánimo de reflexionar sobre la regeneración democrática o la ética pública para aportar conclusiones para la sociedad, y ha sido gestado principalmente en Aragón.

La corrupción, ha continuado, desencadena situaciones de ineficiencia económica, una ineficiencia cifrada en unos 150.000 millones de euros en España, no solo causada por estas prácticas, y que erosiona la confianza en las instituciones y daña la democracia.

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza Julio Tejedor, por su parte, ha manifestado que "no es justo decir que España es un país corrupto", ya que existen mecanismos de control y se ha reaccionado de manera "correcta" aunque "mejorable", por lo que no hay que caer en la complacencia, pero tampoco "fustigarnos".

Tras pedir propuestas "equilibradas y razonables" para combatirla, sin caer en "movimientos pendulares extremos" tan corrientes en este país, recordar que "no hay corrupto sin un corruptor" y apostar por el saneamiento ético tanto en el sector público como en el privado, ha concluido diciendo que "hay mucho por hacer, pero ya se ha hecho mucho". 







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