Los decanos de los Colegios de Abogados de las tres provincias aragonesas han criticado que el Gobierno de Aragón haya reducido "en un 40 por ciento" las partidas para asistencia jurídica gratuita y para turno de oficio al pasar de los 5,1 millones del ejercicio anterior a los 2,7 millones que constan en el presupuesto de 2016.

A esta reducción se suman los atrasos en los pagos desde agosto de 2015 para sufragar las guardias que tiene que realizar en los distintos partidos judiciales de la Comunidad autónoma.

"Que nos dejen como estábamos. No pedimos ni un euro más", ha rogado el decano del Colegio de Abogados de Huesca, Ángel García Bernués, a lo que el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Durán, ha exclamado: "Virgencita, virgencita que me quede como estoy", al tiempo que ha criticado que ante esta reducción presupuestaria "se transmite el mensaje de poca sensibilidad por parte de quien lo realiza".

Durán ha explicado que en las conversaciones que ha mantenido con los responsables del Gobierno de Aragón "nos aseguran que se atenderán los costes de la defensa de los ciudadanos sin recursos si así se requiere porque hay otras partidas", pero a su parecer "es contradictorio que no se refleje en el apartado correspondiente".

En rueda de prensa, ha comparecido también el decano del Colegio de Abogados de Teruel, Manuel Gómez Palmeiro, quien ha expuesto que "si estamos en un Estado de Derecho es, precisamente, porque hay una tutela judicial efectiva, separación de poderes y la ciudadanía debe estar protegida ante cualquier abuso del ejecutivo".

Ante este recorte presupuestario Gómez Palmeiro se ha preguntado "qué garantía tiene un ciudadano cuando se le detiene" para apostillar que "si queremos ser un país adelantado hay que garantizar a los ciudadanos que tienen un asesoramiento técnico, eficaz e independiente".

Comparación

Gómez Palmeiro ha alertado de que "si se hace un recorte fortísimo tendrá como consecuencia un deficiente servicio a los más desfavorecidos y no se les prestará con la misma eficacia". Antonio Durán ha informado de que han cursado una petición ante las Cortes de Aragón para comparecer en la comisión correspondiente y trasladar "la inquietud a los parlamentarios para que recapaciten sobre la esencia de la justicia gratuita, que tiene rango constitucional y a las personas sin medios hay que garantizarles este acceso".

Enfático ha expuesto que "como servicio público todos los poderes están obligados a garantizar este derecho constitucional, porque no se trata de la remuneración a un abogado, ni de la generosidad del Estado, sino que se traga de cumplir un mandato constitucional". A colación ha comparado que "al igual que los médicos no se cuestionan a la puerta del hospital la asistencia sanitaria a una persona sin recursos, el acceso a la justicia tampoco".

En este sentido, García Bernués ha alertado de la posible indefensión que sufrirán las víctimas de la violencia de género, entre otros, porque al precisar de una asistencia inmediata "si no hay un abogado próximo no se cubrirá la atención legal y hay que redistribuir abogados por todo el territorio". Hasta ahora han sido los propios colegios de abogados los que han organizado estas guardia semanales y ha cuestionado que esta organización pase a criterio de la administración.

Huelga no

El decano del Colegio de Abogados de Teruel ha añadido que en ocasiones los detenidos al no disponer de un abogado "el propio juez se ve en la obligación de prorrogar su estancia en el centro de detención" y ha avisado de que si el Gobierno de Aragón fija el número de letrados de guardia "se invaden competencias de los colegios de abogados".

El uso del papel para notificar las resoluciones de denegación o concesión de la asistencia jurídica gratuita ha sido otra de las críticas que han expuesto para reclamar que se sustituya por las nuevas tecnologías "que ya no son tan nuevas como vía e-mail, aunque sea encriptado, para agilizar la asistencia".

El decano del Colegio de Abogados de Zaragoza ha contado que en ocasiones las comisiones administrativas provinciales, reguladas por ley estatal, solicitan más documentación al ciudadano solicitante de la asistencia jurídica gratuita, pero el afectado "no hace ni caso y es una situación frecuente porque es gente que no tiene una situación personal normalizada". Entonces y ante casos de duda "se aplica la literalidad y se les deniega", ha lamentado.

Los tres decanos han desestimado emprender acciones más contundentes, como la huelga, para que se atiendan sus reclamaciones al argumentar que "solo perjudicaría al ciudadano" y se han decantado por "mantener la reivindicación ante los responsables públicos y creo que al final se llegará a esa sensibilidad", ha confiado Antonio Durán.

Por último ha emplazado a los responsables políticos a actuar con transparencia que "pasa por reflejar la actuación del Gobierno en el presupuesto y cumplir el mensaje moral y ético de las leyes".