El PSOE tramitará la ley de renta social básica aún sin el apoyo previo de Podemos

El equipo de gobierno del PSOE en Aragón llevará al próximo consejo de gobierno el proyecto de ley de renta social básica para su tramitación aunque no pueda debatir y pactar su contenido previamente con Podemos.

Así lo ha asegurado a los medios de comunicación la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno aragonés, María Victoria Broto, tras conocer los proyectos desarrollados en Huesca por la Fundación Cruz Blanca.

Broto ha explicado que el ejecutivo está a la espera de mantener una reunión con los responsables de Podemos para abordar el desarrollo del referido proyecto de ley y tratar de llegar a un acuerdo, pero ha advertido que "si no es posible, lo presentaremos en el próximo consejero de gobierno".

Ha destacado que su formación ha planteado al grupo de Podemos su interés en "hablar" sobre el proyecto de ley para pactar una posición conjunta en torno a un texto legal con el que, según ha afirmado, "queremos dar respuesta a una parte de la sociedad que tiene dificultades importantes".

La consejera ha explicado que para la elaboración del anteproyecto de esta ley se constituyeron unas mesas de trabajo que integraron a administración, entidades y agentes sociales, que tras la labor desarrollada alcanzaron una posición de consenso respecto a su contenido.

El Consejo Aragonés de Servicios Sociales elevó el pasado 2 de febrero un informe favorables al desarrollo del referido texto legal, en cuyo contenido, ha subrayado, "mi departamento está trabajando desde el primer día".

Por otra parte, la responsable política ha incidido en la necesidad de "tener claro" la importancia del cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales de Aragón y, en concreto, en lo referido a la colaboración de las instituciones con las entidades sociales.

Tras señalar que esta ley se hizo con la participación de estas entidades y de los agentes sociales, Broto ha defendido el cumplimiento de todo los establecido para que el catálogo de servicios ofrecido llegue a toda la población aragonesa.

Ha valorado la "importancia" de la labor ejercida con "eficiencia y eficacia" por las entidades en defensa de los derechos sociales, y la corresponsabilidad de las instituciones, entre ellas el Gobierno aragonés, para garantizar el cumplimiento del texto legal.

Por otra parte, la consejera ha reiterado que se mantiene abierto el plazo para que las residencias en las que los servicios de inspección detectaron algún tipo de deficiencias presenten proyectos o iniciativas dirigidas a subsanarlas.

Broto, que ha recordado que cinco residencias acordaron voluntariamente el cierre tras el proceso de inspección, ha expresado su confianza en que este proceso garantice que todas los equipamientos y servicios de estas instalaciones se encuentren en "perfectas condiciones".