La sentencia del caso Naves -por la que se condena a sendas penas de cuatro años de prisión al exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco (PSOE), al exgerente de Plaza Ricardo García Becerril y al dueño de Codesport, Agapito Iglesias- considera probado que por unas naves que iban a costar 14,5 millones se acabó pagando mucho más del doble: 32,4 millones. Pero, ¿qué ocurrió para que así sucediera? ¿Quién consintió semejante descuadre de las cuentas? Y lo que es más grave, ¿quién autorizó el pago de tan importante sobrecoste? Estas son algunas de las preguntas a las que responde la Sección Sexta de la Audiencia Provincial en una extensa sentencia que ha tardado más de cuatro meses en dictarse.

Según el fallo -del que ha sido ponente el magistrado Carlos Lasala y que incluye un voto particular de su compañero Alfonso Ballestín-, lo que se encargó a Codesport -mediante un contrato firmado el 29 de julio de 2005- fue la construcción de 78 naves sobre una parcela de 40.000 metros cuadrados. El precio estaba cerrado y se iría pagando mediante la entrega de las consiguientes certificaciones hasta alcanzar la cifra de 14.525.267 euros.

Sin embargo, solo siete meses después y cuando aún no habían comenzado las obras, se firmó lo que el tribunal califica de un “novedoso contrato de reserva”. Conforme a este, que fue denominado “contrato 0”, la empresa Autocity se comprometía a adquirir la totalidad de las naves, que habrían de incrementarse de 78 a 119. Al solicitar más edificios, había que aumentar también la superficie de terreno a construir, que pasó a ser de 51.892 metros cuadrados. Como el contrato inicial firmado entre Plaza y Codesport era a precio cerrado, Autocity se comprometió a pagar todas las modificaciones solicitadas. Por lo tanto, Plaza convino que no abonaría a la constructora más de 22.328.431 euros, que era la cantidad resultante de añadir al contrato inicial los metros de más construidos (siempre conforme al precio por metro cuadrado pactado en un principio).

Como recuerda ahora la sentencia, Autocity no se quedó finalmente con todas las naves encargadas, ya que el 21 de noviembre de 2008 resolvió el contrato y adquirió únicamente 72. Al hacerlo, la empresa tuvo que abonar a Plaza los 400.000 euros que había adelantado en concepto de arras, pues había incumplido lo pactado. Sin embargo, la sociedad pública tuvo que quedarse con las otras 47 naves.

Plaza había pagado a través de justificaciones ordinarias a Codesport 22.654.018 euros. Pero la constructora de Agapito Iglesias dijo que los costes finales ascendían a 32.446.547 euros. Como explica el fallo de la Sección Sexta, Ricardo García Becerril y Carlos Esco eran conscientes de que el exceso de obra debía pagarlo Autocity (porque así lo estipulaba el contrato). Sin embargo, ante la insistencia en el cobro por parte de Iglesias, y aunque al principio se negaban a pagar “pues sabían que ese pago no le correspondía a Plaza”, con fecha 1 de diciembre de 2008, los primeros acabaron firmando cuatro pagarés a favor de Codesport por un importe total de 8.740.140 euros. Y es por ello por lo que finalmente los tres han sido condenados por un delito de malversación.