El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley presentada por Podemos que pide al Ejecutivo autonómico apoyar a las trabajadoras del sector de la limpieza de la provincia de Zaragoza para la consecución de un convenio colectivo y que "obre en consecuencia, ejerciendo una labor de mediación que lleve a un acuerdo que mejore sus condicione laborales".

La proposición no de ley ha recibido enmiendas de PP, PSOE y Ciudadanos (C's) si bien el grupo proponente solo ha aceptado la de los socialistas, aunque ha recabado el apoyo de todos los grupos. Tras el debate, los diputados se han unido al aplauso de algunos de los representantes de los trabajadores que han seguido el debate desde la tribuna del público.

Además, la iniciativa también solicita al Gobierno de Aragón la presentación de una nueva ley de contratación pública en el Parlamento que introduzca cláusulas sociales y medioambientales, en el plazo de seis meses, y que recoja la ultraactividad de los convenios colectivos como condición de ejecución -es decir, mantener su vigencia hasta que otro lo sustituya--.

Igualmente, las Cortes han instado al Ejecutivo a que, hasta la entrada en vigor de esa ley, "busque la fórmula adecuada para promover las condiciones que permitan dar cumplimiento a dichas cláusulas desde este momento".

El diputado de Podemos, Román Sierra, ha precisado que el convenio colectivo provincial de este sector "es el primero que decae en todo el Estado", cuando la petición de los trabajadores era un aumento salarial de cien euros al año en el caso de quienes trabajan ocho horas, un colectivo compuesto principalmente por mujeres, con cerca de 10.000 empleadas, un 70 por ciento de temporalidad, y con tres años consecutivos de "salarios congelados".

Sin embargo, ha dicho el parlamentario, "las empresas se han cerrado en banda, apoyándose en la reforma laboral, que permite que si no hay acuerdo, decaiga el convenio" lo que supone "la pérdida de derechos adquirido después de décadas", compañías que tiene "beneficios", ha apostillado.

A su entender, las empresas que "abogan por la desregulación de las relaciones laborales" deben tener "dificultades" para trabajar para la Administración pública y por eso ha pedido una ley que incluya cláusulas sociales y medioambientales como forma de contrarrestar la reforma laboral.Compromisos

La diputada del PP, Dolores Serrat, ha expresado el apoyo de su grupo al sector, con el que se comprometió, tras una reunión, a presentar iniciativas, como ha hecho, en comisión, parte de cuyo texto ha planteado como enmienda, y "a contactar con los representantes de la empresa para intentar mediar de alguna manera".

Según ha glosado, ha realizado ambas acciones, para opinar que su texto era "más concreto" y "busca una implicación más activa" del Gobierno, si bien ha aceptado el que se ha votado.

Sobre la empresa, "me consta que hay voluntad de retomar el convenio y las negociaciones" y por eso ha deseado que "se puedan encontrar soluciones". También ha dicho que era preferible reforma la actual ley de contratación pública de Aragón, de 2011, que presentar una nueva.

La diputada del PSOE, Leticia Soria, ha sostenido que este conflicto "es fruto de la reforma laboral del Gobierno central", que ha llevado a "más precariedad", ha mencionado las reuniones celebradas a finales de enero entre el Gobierno de Aragón y los implicados, y ha precisado que este miércoles "la patronal presentó una propuesta que desde los sindicatos se está estudiando".

También se ha referido a la presentación "próximamente" por parte del Ejecutivo autonómico del proyecto de ley de contratos de la Comunidad, que incluirá "la ultraactividad como condición de ejecución en todos los convenios" y cláusulas sociales y medioambientales, aunque ha aclarado que "solo se podrá aplicar a los nuevos contratos".

El diputado del PAR, Joaquín Navarro, ha argumentado que "no hay ni buenos, ni malos" en este asunto, que ha pedido "no politizar", sino "estar de forma unánime con las trabajadoras", para esgrimir que el Gobierno de Aragón "no puede permanecer al margen del problema", sino que debe mediar "dentro de sus competencias".

Para este parlamentario, la situación actual "transciende el ámbito laboral y se ha convertido en un problema de calado social" y por eso "todas las instituciones y agentes sociales deben estar a una para recuperar, dentro del marco normativo, que se regulen las condiciones del sector". Asimismo, ha deseado que el apoyo de las Cortes sirva como "elemento de presión" en la negociación.Labor del Gobierno

El diputado de C's, Javier Martínez, ha estimado que la reforma laboral "ha provocado casos como este, que no son satisfactorios para nadie", y ha coincido en que el Ejecutivo debe "participar como mediador, algo que "podía haber hecho antes", para rechazar que al hilo de esta iniciativa se planteen "propuestas que pueden poner en peligro la unidad" porque "una cosa es la negociación de un convenio colectivo y otra hablar de las cláusulas sociales".

La diputada de IU, Patricia Luquin, que ha intervenido en nombre del grupo mixto, ha expresado su voto a favor "por convencimiento, responsabilidad y justicia social" ante un sector que vive una situación "complicada", que reivindica "un convenio digno", para abogar por derogar la reforma laboral del PP y reclamar la "intermediación" del presidente del Gobierno de la Comunidad, Javier Lambán, por la "corresponsabilidad" de la Administración que contrata con estas empresas.