El letrado que asistió a la ponencia que estudió la ley de medidas fiscales y administrativas, también conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos, avisó de la posible inconstitucionalidad de una enmienda de Podemos, apoyada por PSOE, CHA e IU, que impide la implantación de nuevos grados en la universidad privada San Jorge si ya se cursan en los centros públicos de Huesca, Teruel o La Almunia. Los grupos de izquierda desoyeron los criterios jurídicos y las críticas del resto de los partidos y decidieron sumar el pasado jueves sus votos para aprobar la propuesta.

La enmienda modifica la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón y establece que "en todo caso, la implantación de nuevas enseñanzas de grado en centros de educación superior privados no podrá suponer duplicidad de las enseñanzas existentes en los centros universitarios de Huesca, Teruel y La Almunia de Doña Godina".

La propuesta daba rango de ley a la decisión ya adoptada por el Gobierno PSOE-CHA en su programación universitaria 2016-2019, que ha sido recurrida por la Universidad San Jorge. De este modo se recuperaba la situación preexistente a la llegada del PP al Gobierno. La medida se adopta después de la polémica suscitada por la DGA al intentar frenar la autorización dada por el anterior Ejecutivo a la Universidad San Jorge para impartir Magisterio.Libertad de enseñanza

El letrado recuerda en su informe el artículo 27.6 de la Constitución, que reconoce la libertad de enseñanza. Añade que "todas las universidades, sean públicas o privadas, están sometidas a un régimen jurídico básicamente común". Informa de que cuando concede una autorización se debe respetar ese régimen jurídico y la autonomía académica de los centros, sin que pueda haber "un trato discriminatorio".

Según el letrado, la enmienda de Podemos "introduce así una limitación discriminatoria entre Universidades, supeditando la autonomía académica de una de ellas a la autonomía académica de la otra, imponiendo una especie de subordinación o dependencia jerárquica". A su juicio, se "prohíbe en la práctica que unas determinadas enseñanzas se puedan implantar en una universidad por razón de su titularidad". Por eso ve una posible causa de inconstitucionalidad.

Fuentes del Departamento de Universidad del Ejecutivo PSOE-CHA indicaron que "una línea de Gobierno era apostar por la no duplicidad en la programación universitaria para reforzar los campus de Teruel, Huesca y La Almunia". Agregaron que Podemos "ha entendido que esa medida debía quedar reflejada" en la ley de acompañamiento a los presupuestos e indicaron que, "al ser objetivo del Gobierno, se ha aceptado". Respecto a las cuestiones jurídicas, "si hay reclamaciones y un juez dice que no es viable, se estudiará". "Los recursos se resolverán en el ámbito que corresponda", dijeron.

Héctor Vicente, de Podemos, afirmó que la exigencia de que no haya duplicidad con los futuros grados de la San Jorge está vinculada a que su grupo quiere que se recoja por ley, que no esté solo en la programación universitaria. "Si un gobierno no tiene interés, solo tendría que suprimir un párrafo. Queríamos llevar eso a la ley, para que las Cortes tengan que decidir", afirmó. A su juicio, hay argumentos jurídicos para defender la propuesta porque "la educación universitaria es un derecho y no un bien mercantil más".

La posición de los grupos de izquierda fue duramente criticada por el PP. Su diputado Antonio Suárez recordó que "el informe establece lo que establece" y aseguró que "es una gravísima irresponsabilidad de los grupos que apoyaron esto". "Que el Gobierno PSOE -CHA vaya en contra de la Universidad privada vulnera el principio de igualdad y acceso a la educación de las familias aragonesas", afirmó la diputada del PAR Elena Allué. Javier Martínez, de Ciudadanos, apostó por una universidad pública "más competitiva" sin medidas "proteccionistas" y afirmó que "limitar legislativamente la iniciativa privada no es admisible".