Sólo tres de las diecisiete comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco, cumplen con la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP), y en el caso de Aragón solo Teruel en lo que respecta a grandes ayuntamientos.

El análisis de Transparencia Internacional España, realizado en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública, refleja asimismo que el 74 % de los ayuntamientos tampoco lo hacen, ni tres de cada cuatro parlamentos autonómicos.

Para el presidente de TI España, Jesús Lizcano, es significativo que ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia incumplan este mandato legal (recogido en la ley de garantía de la unidad de mercado de 2013).

En el caso de los 110 mayores ayuntamientos de España, únicamente 29 cumplen la ley: Algeciras, Ávila, Avilés, Badalona, Barakaldo, Cornellà de Llobregat, Cuenca, Elche, Fuengirola, Gijón, Girona, Granada, Jerez de la Frontera, Logroño, Lorca, Málaga, Manresa, Mataró, Oviedo, Pontevedra, Roquetas de Mar, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugas Vallés, Santa Coloma Gramenet, Soria, Talavera de la Reina, Tarragona y Teruel.

En cuanto a los parlamentos, cumplen la ley los de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y Murcia, y tampoco lo hacen ni el Congreso ni el Senado.

A la vista de los datos, TI España ha instado este miércoles a todas las instituciones públicas a cumplir en el "menor breve plazo posible" esta obligación legal, de cara a que la información general y detallada de los contratos y licitaciones que llevan a cabo las entidades públicas se encuentra centralizada y a disposición de todos, con el fin de aumentar la transparencia y prevenir la corrupción.

La publicación de este informe coincide este miércoles con la del Índice de la Percepción de la Corrupción 2015 de la misma ONG, en el que España ha registrado el peor dato de su historia, por una "grave" situación de corrupción política vinculada a la "contratación publica", sobre todo a la que hacen empresas públicas y entes instrumentales de la administración.