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Energía

El TS respalda el recorte a la fotovoltaica: “Nunca pensé que me estafarían con el BOE”

Los 2.000 pequeños inversores aragoneses que apostaron por crear su propio huerto solar están perdiendo de media 500 euros cada uno al año.

Víctor Millán. Zaragoza 28/01/2016 a las 06:00
Custodio Buil, en su instalación en Sena

Custodio Buil escuchó por primera vez hablar de la energía fotovoltaica hace algo más de una década. Era ganadero, tenía una pequeña explotación lechera que llegado ya el momento de jubilarse decidió traspasar. Y con los ahorros de toda una vida y lo que había sacado por su vacas se lanzó a invertir junto a su mujer en aquello que llamaban huertos solares.

Pidió un crédito, se hipotecó hasta las cejas y empleó lo ahorrado en quitarse buena parte de lo que le iba a costar la instalación que se puede ver hoy a las afueras del municipio de Sena, en Huesca. Un sistema de placas fotovoltaicas de 100 kilovatios que estuvo en marcha en 2007, pero que ahora se está convirtiendo cada vez más en un quebradero de cabeza. Esta semana el Tribunal Superior daba la razón al Estado al tumbar la primera tanda de recursos que cientos de particulares, asociaciones y empresas -algunas de ellas extranjeras- habían elevado contra el último recorte en las ayudas a la producción de energía renovable. Un negocio en el que Custodio entró, al igual que otros muchos, con la voluntad de apostar por las energías limpias y alentados por unas primas que marcó el Estado, pero que progresivamente se han ido reduciendo sin que se hayan amortizado aún sus inversiones.

Su historia es similar a la de los otros 2.000 pequeños inversores aragoneses que se estima que entre 2006 y 2009 vieron en la energía solar una buena forma de invertir. El Gobierno de Zapatero lanzó en aquellos años un atractivo sistema de primas para las renovables vía Decreto que en parte ya había sido impulsado por Aznar en los últimos meses de su Ejecutivo. Se desarrolló un campaña gubernamental denominada 'El sol puede ser tuyo' que animaba a participar en proyectos fotovoltaicos para así conseguir acercar a España a los objetivo del protocolo de Kioto. Y se prometían réditos fijos a pesar de que el precio de la luz variase. Aunque no era una ganga porque durante los primeros años era difícil que lo facturado por la venta de electricidad cubriera los créditos que tenían que pedir los inversores, después la energía solar prometía ser una suerte de plazo fijo con rentabilidades muy altas.

Se estima que más de 67.000 particulares y pequeñas empresas mordieron el anzuelo en toda España según los cálculos de Anpier, la asociación que se formó para aglutinar a los afectados tras los recortes. El método funcionó y Aragón pasó de acoger apenas 95 instalaciones en 2006 a más de 1.500 cuatro años más tarde. Tiempo desde el cual apenas han crecido porque en 2010 el Gobierno socialista impulsó el primer recorte a las primas prometidas, que después se afianzaría durante 2013 y 2014 con José Manuel Soria ya como titular de Industria.

“Qué se puede pensar de este país si no te puedes fiar de algo que aparece en el BOE”, señala desde Sena Custodio Buil, que a sus 70 años dice haber recibido más de una carta de fondos de inversión para comprar su instalación “a precio de saldo”. “Se aprovecharon de nosotros. Y lo que es más inaudito, aquí el estafador es el Estado”, dice, tras ver cómo la rentabilidad marcada en el Boletín Oficial del Estado se recortó en más de un 45%, teniendo aún que pagar cada letra del crédito que en su día pidió.

La historia de Custodio llama todavía más si cabe la atención porque él solo junto con su mujer y sus hijos -a los que hizo partícipe de la empresa que creó para gestionar la instalación- se lanzó a mantener sus propios paneles solares. Recién jubilado dio un curso sobre renovables en la Escuela Agraria de Cogullada, y se puso en marcha. “Siempre me he considerado una persona comprometida con el medio ambiente, considero que las energías renovables son el único camino que queda; y en parte por eso sigo adelante, porque la verdad que ya en muchos casos no compensa. Cuando comenzaron los recortes mucha gente nos llamó cazaprimas, y puede que los haya, pero hay otras muchas cosas en las que invertir y que dan menos problemas”, señala.

Su caso no es sin embargo único en Aragón. En muchas zonas, sobre todo en los Monegros y en las Cinco Villas, proliferaron los particulares que emplearon sus ahorros en energía solar, y también las cooperativas que juntando varias familias y empresas levantaron estas instalaciones. Hoy, según señalan desde Anpier, muchas de ellas han tenido que refinanciar su deuda al no poder hacer frente a los créditos que pidieron.

UNEF, otras de las organizaciones que aglutina al sector, estimó el pasado mes de diciembre que solo en 2015 los inversores de Aragón habían perdido una media de 500 euros cada uno. En total, cerca de un millón de euros.

El sector elevará el recurso a Europa

Ahora, la sentencia del Tribunal Supremo vuelve a dar la razón al Gobierno de España, que en su momento dijo que la retirada de primas era un elemento “decisivo” para eliminar el llamado déficit de tarifa que tanto encarecía la factura de la luz. Los que avalan esta tesis dicen que las ayudas que se concedieron desde 2007 fueron un despropósito por parte del Gobierno sobre todo por mantenerlas en los primeros años de la crisis, cuando la demanda eléctrica cayó de forma estrepitosa. Los que la niegan aseguran que las renovables no contribuyeron solas a crear el déficit y que de hecho es ahora cuando más barato sale producir energía verde, argumento que refuerzan enseñando gráficos donde se puede ver cómo las instalaciones fotovoltaicas han crecido en el mundo a un ritmo del 40% en los últimos dos años mientras en España se han frenado en seco.

El Alto Tribunal ha basado sus conclusiones en un informe pericial en el que ha dictaminado tras examinar cinco instalaciones que estas plantas seguirán ofreciendo una rentabilidad tras la reforma de un 8% anual durante 30 años. Un veredicto que Anpier y las otras organizaciones niegan de pleno, recriminado también que solo se hayan explorado 5 plantas de las 60.000 que hay en España.

Anpier espera ahora que el Tribunal de Justicia de la UE dé la razón a los fotovoltaicos españoles, que, de acuerdo con la asociación, si hubieran sabido que "las condiciones ofrecidas por el Estado español en un Real Decreto plasmado en un BOE tenían la más mínima posibilidad de ser alteradas, no hubieran arriesgado ni un solo céntimo de euro".

Mientras tanto, Custodio sigue contando los meses para acabar de pagar su instalación, aunque cada mes le llegue justo para pagar la letra del crédito y los gastos de mantenimiento. “Pienso sacarlo adelante porque fue una ilusión que tuve con mi mujer” -dice Custodio, cuya esposa falleció hace tres años- “y porque me metí en esto por muchas otras cosas además de dinero. Pero siempre pensaré que aquí ha habido un error por parte del Estado que ha llevado a mucha gente a pasar apuros; y no hay derecho a que te engañe tu propio Gobierno”.







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