Aragón inicia los trámites para la ley de la Renta Social Básica

El Consejo de Gobierno de Aragón ha tomado en consideración el Anteproyecto de Ley de Renta Social Básica, una norma que pretende dar respuesta a las nuevas desigualdades y perfiles de pobreza surgidos de la crisis económica y que se someterá a aprobación en una próxima reunión de este órgano.

Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno y en la que ha explicado que esta norma reconoce la renta social básica como un derecho subjetivo vinculado a la carencia de rentas suficientes y que por tanto deberá estar dotada económicamente.

En este sentido, Guillén ha advertido de que "no tiene nada que ver el marco presupuestario con dar cumplimiento a este acuerdo" y ha asegurado que el día que se presente la ley irá acompañada de una memoria económica, cuya cuantía desconocía en estos momentos.

Tras su aprobación por el próximo Consejo de Gobierno, la ley se remitirá a las Cortes de Aragón para su debate y posterior aprobación, aunque ha reconocido desconocer los plazos que seguirá.

"Si las Cortes entienden que tiene que ser por procedimiento de urgencia así se hará, pero es una ley que requiere un debate, sin prisa pero sin pausa", ha apuntado el consejero de Presidencia.

?Guillén ha recordado que este anteproyecto de Ley surge de un proceso de participación "único", que abrió el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales con asociaciones, colectivos y trabajadores del sector de los servicios sociales, así como que sustituirá al Ingreso Aragonés de Inserción y a la Ayuda de Integración Familiar.

Esta prestación garantizará una cuantía económica mínima con la que las personas con carencia de patrimonio e ingresos suficientes puedan cubrir sus necesidades, así como la puesta en marcha de servicios técnicos y profesionales que hagan posible el derecho a la inclusión social mediante el acompañamiento y la integración de las personas que así lo precisen.

La norma establece dos modalidades de renta social básica en función de la procedencia de los ingresos de la unidad de convivencia.

Así, la renta complementaria está dirigida a complementar el nivel de ingresos de las unidades de convivencia que, aun disponiendo de ingresos procedentes del trabajo, cuentan con un nivel mensual de recursos que no alcanza el importe que se determina para esta renta y que resultan insuficientes para hacer frente tanto a los gastos asociados a las necesidades básicas de supervivencia como a los gastos derivados de un proceso de inclusión social y mejora la situación laboral.

La otra modalidad es la renta de inclusión y protección social, una prestación económica para unidades familiares en riesgo de exclusión social que no dispongan de ingresos procedentes de rentas de trabajo y cuyo nivel mensual de ingresos resulte insuficiente para hacer frente a los gastos de necesidades básicas.

Dentro de esta modalidad hay dos tipos de ingresos: uno mínimo no vinculado a un acuerdo voluntario de inclusión social y otro máximo vinculado a un acuerdo voluntario de inclusión social.

Una de las principales novedades que ofrece esta nueva ley es que el diseño de la prestación económica resulta progresivo, es decir, a más esfuerzo de integración del solicitante, mayor cuantía del ingreso.

Está previsto que el anteproyecto de Ley sea aprobado en Consejo de Gobierno una vez sea revisado por el Consejo Aragonés de Servicios Sociales, que ha sido convocado para el 2 de febrero.

Guillén ha informado asimismo de la toma en consideración del borrador de convenio para la ejecución del Fondo de Inversiones de Teruel 2016 y que plantea una mayor flexibilidad en cuanto a plazos de ejecución y justificación de gastos, y un periodo de dos años para todos los proyectos aprobados por la Comisión Mixta Gobierno de Aragón-Administración central.

Este borrador también propone la posibilidad de que la subcomisión vigente, con potestades muy limitadas que le impiden hacer modificaciones de obra o modalidad, tenga mayores competencias para agilizar mucho más las tramitaciones de proyectos.

El borrador ya está redactado y se valorará en la próxima Comisión mixta con el Gobierno central.