El Gobierno de Aragón volverá a acudir al Tribunal Supremo para intentar tumbar el plan hidrológico de las cuencas internas de Cataluña, al que el Consejo de Ministros dio el visto bueno definitivo en noviembre. Cuando la Generalitat lo aprobó, a finales de 2014, la DGA ya advirtió de que el Ejecutivo catalán se arrogaba en el documento prerrogativas similares a las del anterior plan, que también fue impugnado por Aragón al estimar que excedía las competencias de la Comunidad vecina. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo derogó en 2013 por un defecto procedimental, sin entrar a valorar los argumentos esgrimidos por la DGA, y el Supremo confirmó la sentencia en 2014.

Ahora el nuevo Ejecutivo autonómico volverá a defender las mismas tesis. El Consejo de Gobierno tiene previsto autorizar hoy a los servicios jurídicos a interponer ante el Supremo un recurso contra el real decreto por el que se aprobó definitivamente el denominado plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña.

Esta decisión se ha adoptado después de haber estudiado el informe técnico encargado al Instituto Aragonés del Agua (IAA) sobre ese documento. Y la conclusión es clara: incurre en las mismas extralimitaciones territoriales que el anterior. En este sentido, la directora del IAA, Inés Torralba, recordó que, entre otras cuestiones, Cataluña se reserva la planificación de tres masas de aguas subterráneas compartidas con la demarcación del Ebro, lo que impide que Cataluña gestione esos recursos, al ser intercomunitarios.

"Parecen querer solventarlo remitiendo al decreto de 2009 que delimitaba el ámbito territorial de aplicación del plan –añadió–, que fue recurrido por La Rioja y que el TSJC declaró nulo". De hecho, en el real decreto se señala que la planificación se limita "exclusivamente" a la demarcación hidrográfica del distrito de cuenca fluvial de Cataluña, "de acuerdo con los pronunciamientos jurisprudenciales recaídos", que precisamente determinaron que la Generalitat se había excedido.

Por otra parte, la DGA considera que el plan debería haber sido aprobado "única y exclusivamente por el Consejo de Ministros", en lugar de recibir primero el visto bueno de la Generalitat –hace más de un año– y, posteriormente, el del Gobierno central. Por todo ello, la DGA estima que el nuevo documento "no salva los motivos de impugnación" que ya se plantearon al recurrir el anterior documento.Otras medidas adoptadas

Este nuevo contencioso-administrativo no será una sorpresa para Madrid, puesto que en los últimos meses Aragón ha tomado diversas iniciativas con el objetivo de tumbar un documento que, a su juicio, no se ajusta a la legalidad. Así, su publicación en Nochebuena de 2014 en el Diario Oficial de la Generalitat ya ocasionó la presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde continúa su tramitación.

Y en mayo la DGA volvió a mostrar su rechazo a la norma en el Consejo Nacional del Agua en el que se debatió como paso previo a su aprobación en Consejo de Ministros. La propuesta salió adelante, pero lo hizo con los votos contrarios tanto de Aragón como de La Rioja, la Comunidad Valenciana y Castilla y León, así como los de la Federación Nacional de Regantes y los del Ebro.