El Registro Central de Delincuentes Sexuales creado por el Gobierno central nace con los datos de más de 400 aragoneses. Son los condenados por este tipo de delitos en los últimos años en la Comunidad, según las estadísticas oficiales del INE y de la Fiscalía. En concreto, se contemplan las sentencias firmadas por casos de agresión o abuso sexual, acoso, prostitución, maltrato, exhibicionismo y corrupción de menores.

El objetivo, en palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, es “evitar que una persona que tenga una condena de estas características pueda dedicarse a labores docentes, de voluntariado o a otras actividades en que estén en contacto con menores". La creación de esta base de datos responde a la nueva legislación de protección a la infancia y a la adolescencia aprobada el pasado verano, e impulsada por Europa.

Entre otras medidas, no solo contempla el control de aquellas personas con una sentencia firme en su contra, sino que obliga a toda persona que trabaje con menores a acreditar que no está incluida en dicho registro. Es el caso de los profesores, pero también de monitores o voluntarios. Para ello, Madrid ha delegado en las comunidades autónomas para aplicar este trámite a su manera.

En este sentido, la DGA todavía no ha concretado cómo será el sistema utilizado, aunque ya se ha puesto en contacto con los sindicatos para ver qué fórmulas serían las más adecuadas. Hay que tener en cuenta lo delicado del proceso. El registro no solo contiene los datos de los condenados, sino que incorporará su ADN cuando así lo establezca una resolución judicial.

De hecho, su contenido no es público y solo podrán consultarlo jueces y tribunales, Fiscalía, Policía Judicial, entidades públicas de protección de menores y autoridades policiales de otros países. Además, queda constancia de la identidad de quien accede al Registro y de los datos que ha consultado.

En cualquier caso, entre los profesores -quizá el gremio más representativo de los afectados por esta medida-, hay posturas encontradas. Muchos lo ven como una criminalización de la profesión, pero también hay quien lo asume como una oportunidad para demostrar su pulcritud.

Desde Fapar, su presidenta Flor Miguel criticaba que "la medida se centre en una profesión, cuando cualquier empleado público, y no sólo el que trabaja con menores, debería estar exento de antecedentes". Mientras que para Miguel Ángel García, de Fecap, con esta iniciativa se consigue “demostrar que tenemos los mejores profesionales posibles con nuestros hijos, algo que ocurre en prácticamente el 100% de los casos".

Agresiones y abusos, lo más común

Pese a que la comunidad aragonesa no es especialmente conflictiva en este apartado, la Fiscalía territorial abre cada año más de 300 diligencias por delitos sexuales entre las tres provincias. Los más habituales son las agresiones y los abusos, con 233 casos en 2014, mientras que aquel año se registraron 7 posibles sucesos de violación.

El Ministerio Público actuó en 21 casos de acoso sexual y en otra veintena por exhibicionismo y provocación, la mayoría en la provincia de Zaragoza. El resto de supuestos es más residual, aunque destacan las diez denuncias por abuso sexual a menores de 13 años en su última memoria anual.