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Riesgo de pobreza

El Justicia sugiere que se empadrone a las personas sin hogar en Aragón

La institución ha elaborado un informe paa conocer la situación de las personas en exclusión social.

Patio del albergue municipal.P. F.

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha remitido a las Cortes de Aragón un informe sobre la exclusión social. Este documento, titulado “Personas en situación de exclusión social en Aragón”, ha sido elaborado por la institución con el fin de conocer con detalle la realidad que viven las personas sin recursos, analizar las consecuencias derivadas de las situaciones de necesidad y proponer a las Administraciones medidas concretas para paliar la gravedad de las mismas y avanzar en la integración social plena de estas personas.

Según detalla la institución, el Justicia de Aragón ha recabado información por escrito de la Administración autonómica, de los Ayuntamientos de Huesca, Zaragoza y Teruel y de otros municipios de Aragón. Asimismo, tanto el titular de la institución como los asesores responsables del informe han mantenido reuniones con diversas instituciones, fundaciones y asociaciones cuyo trabajo consiste en asistir a personas excluidas y en riesgo de exclusión.

El análisis de la información revela que no existe un perfil único de persona necesitada, en riesgo de exclusión o directamente al margen de la sociedad, sino que se trata de un grupo heterogéneo, cuyos miembros tienen en común la falta de recursos económicos. Con este denominador común, el Informe distingue entre personas sin hogar, personas que viven una situación de pobreza sobrevenida, familias de pobreza heredada, personas inmigrantes y jóvenes en situación de desempleo.

"Las personas sin hogar representan el rostro más duro de la pobreza porque a la falta de recursos económicos para hacer frente a las necesidades más básicas de alimentación e higiene se suma la falta de vivienda y la soledad", detalla el documento. Por ello, el Justicia ha pedido su empadronamiento en dependencias municipales, primer paso para solicitar una ayuda social rehabilitadora. Datos de Cruz Roja Zaragoza revelan que el 27 de noviembre de 2014, 140 personas estaban viviendo en la calle y 347 pernoctaron esa noche en los centros de acogida. En este punto, el Informe aboga por la progresiva desaparición del modelo de macro-albergue a favor de lugares de menor tamaño diversificados por la ciudad.

Además, señala que gran parte de estas personas tienen una enfermedad mental, "causa o consecuencia de su precaria situación, que en muchos casos está sin diagnosticar y, en general, sin tratar lo que aleja cualquier posibilidad de recuperación e inserción". Para remediarlo, el Justicia propone la firma de un protocolo entre los servicios sociales, Fiscalía y Juzgados para que las organizaciones sociales que se ocupan de ellos puedan actuar en la calle tomando decisiones en beneficio de estar personas con todas las garantías jurídicas. En relación con esto, el Informe sugiere el refuerzo de los medios personales y materiales de la Comisión de Tutelas y Defensa Judicial de Adultos, que en la actualidad, está desbordada.

Además de este primer paso, la institución recomienda que Administraciones competentes y agentes sociales se coordinen para sacar adelante un proyecto global de atención a personas sin hogar con enfermedad mental para levantar su dignidad y que puedan ocupar un sitio en la sociedad. En esta línea, el Justicia sugiere implantar la figura del “gestor de seguimiento”, personal sanitario y/o trabajadores sociales, coordinados por el Salud para supervisar, entre otros aspectos, el seguimiento del tratamiento, un programa de vivienda específico, programas de ocio y ocupación del tiempo libre para evitar el aislamiento y su inserción social a través de centros especiales de empleo.

Por otro lado, "es evidente que la falta de recursos económicos dificulta el mantenimiento de una vivienda digna ya sea en alquiler o en propiedad mediante el pago de la hipoteca". Ante el convencimiento de que nadie debe vivir en calle, y que no debería producirse desalojo in previsión de realojo, máxime cuando se ven implicadas personas vulnerables, el Justicia propone a la Administración la creación y mantenimiento de un registro de viviendas vacías, como paso previo para reforzar el parque de vivienda pública en alquiler que incluiría las que gestiona el “banco malo” o SAREB, las de titularidad pública aunque estén calificadas para la venta previo cambio de uso a alquiler, y las de titularidad privada cedidas por sus propietarios, con el fin de agilizar la concesión a personas y familias necesitadas mediante el pago de un alquiler social que no debería superar el 25% de los ingresos de la unidad familiar.

De forma paralela, el informe insiste en que los presupuestos de la Comunidad prevean ayudas a la rehabilitación que garanticen la habitabilidad y seguridad de las casas y la dignidad de las personas que las habitan.

También, que la Administración firme convenios con las entidades bancarias para que se minimicen las consecuencias negativas de las ejecuciones hipotecarias, entre otras cuestiones, como la inembargabilidad de las ayudas sociales o el cobro de comisiones de mantenimiento de cuentas corrientes donde se ingresan prestaciones sociales.

En el documento, el Justicia insiste en que las personas que se vean obligadas a vender su primera vivienda al no poder hacer frente al pago de la hipoteca, no tengan que pagar impuestos, una exención largamente demandada por la institución que finalmente, contempla la ley.

Además, en los casos en los que la carencia de recursos económicos vaya unida a una situación personal o familiar de desarraigo social, el Justicia solicita actuar de forma integral con la persona y/o familia, ya que la vivienda debe ir acompañada de un proyecto de vida que permita alcanzar la autonomía a través de la educación, en el caso de los más pequeños, y de la formación para el empleo y la inserción laboral para las personas adultas.

En cuanto a la educación, el informe pide reforzar los programas para frenar el absentismo escolar y el abandono de los estudios obligatorios, de forma coordinada con la distribución equilibrada entre los centros públicos y concertados del alumnado con necesidades educativas especiales. También aboga por incrementar el límite de renta por unidad familiar para poder acceder a las becas de comedor, que deben abarcar el periodo vacacional, y con ello el presupuesto destinado a este fin con participación de todos los departamentos del Gobierno de Aragón, ayuntamientos y comarcas con competencias en esta materia.

Superada la etapa de la educación obligatoria, "la falta de empleo entre los jóvenes abre el camino a una pobreza temprana", más difícil de erradicar conforme la edad avanza. Es por ello, que el Justicia propone a las Administraciones aragonesas tomar como referencia el Plan de Empleo Juvenil que existe en Europa que propone la denomina Garantía Juvenil para que en un máximo de cuatro meses tras acabar los estudios o quedarse en desempleo, las personas jóvenes de hasta 25 años reciban ofertas de trabajo, formación, aprendizaje o prácticas de calidad.

Respecto a la situación de los parados de larga duración, el informe insiste en la importancia de que existan ayudas puntuales para el mantenimiento de la vivienda pero de otro lado, sostiene “que las prestaciones puramente asistenciales deberían reservarse a situaciones en las que, ya sea por edad, enfermedad, u otras circunstancias concretas, la persona no pueda realizar un trabajo”.

Desde esta premisa, el Justicia de Aragón hace un llamamiento para mejorar la percepción y el entendimiento de las empresas de inserción sociolaboral que, junto a otras entidades que no adoptan esta forma pero coinciden en los objetivos, constituyen el medio para que las personas afectadas por la exclusión puedan competir en el mercado de laboral en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores. “La contratación de la Administración con estas empresas debería ser la herramienta para hacer cumplir las políticas transversales” que exige el desarrollo social, apunta el Informe, que también recuerda a la Administración su obligación, hoy incumplida, de contratar con ellas entre el 2 y 6% del total de los contratos y le sugiere idear fórmulas para que tengan beneficios fiscales.

En cuanto a la geografía de la pobreza, ésta es más visible en las ciudades y en comarcas especialmente castigadas por la crisis, lo que requiere una reorganización de los Servicios Sociales con el fin de incrementar los recursos materiales y humanos en las localidades y comarcas dónde hay más personas necesitadas. En el caso de Zaragoza, el informe sugiere una mayor dotación de personal en los Centros Municipales de Servicios Sociales para que sea viable el necesario seguimiento individual de cada persona, así como la mejora de la coordinación con el IASS, en particular para la tramitación del IAI, otorgando preferencia al criterio del trabajador social municipal, para evitar diferencias que retrasen la concesión de estas ayuda.

También entiende el Justicia, que los ayuntamientos y comarcas de territorios con mayor presencia de personas extranjeras empleadas en la agricultura, itinerantes o no, precisan de más medios personales y materiales para mejorar la atención, ayuda y asesoramiento.

Asimismo, la reorganización de los servicios sociales pasaría por una unificación de los criterios de los convenios que firma la Administración autonómica con ayuntamientos y comarcas para financiar la asistencia social y que los mismos sean firmados a principios de año.







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