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Aragón

Catorce aragoneses están presos en cárceles extranjeras por traficar con drogas

Perú es el país con más mulas aragonesas (5). La mayoría no tienen antecedentes.

Alfredo Maluenda. Zaragoza 12/01/2016 a las 06:00



Sin antecedentes penales, con problemas personales y escasos recursos económicos. El perfil de 14 de los 15 aragoneses presos en cárceles extranjeras es similar, cortado con el mismo patrón. Malviven en centros penitenciarios destartalados y con un alto grado de violencia interna después de una malograda experiencia como mulas. Les prometieron una buena cantidad de dinero (de 5.000 a 10.000 euros) cuando atravesaban una mala racha, aunque algunos de los encarcelados aseguran haber sido víctimas de un engaño o una extorsión personal.

Perú aglutina el mayor cupo. Cinco presos nacidos en la Comunidad están cautivos en sus penales, que no destacan por sus buenas condiciones y en los que el censo de españoles alcanzaba el año pasado los 327. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, publicó en mayo un informe en el que se pone el acento en los problemas de salud a los que se enfrentan los presos: "La humedad del clima en Lima, donde se encuentra recluido el 90% de los detenidos españoles, es incluso mayor en espacios cerrados como las prisiones, y hace que las enfermedades más frecuentes que padecen sean derivadas de infecciones respiratorias y bronquiales,como gripe, asma e infecciones de la piel".

"Los establecimientos penitenciarios -añade Becerril- disponen de los recursos básicos para hacer frente a necesidades mínimas, pero el presupuesto con el que cuentan para asistencia sanitaria no es suficiente. En consecuencia, la atención que se presta a los internos no siempre es la adecuada. Las situaciones de emergencia son atendidas, pero una vez superadas, los tratamientos y atenciones hospitalarias no están cubiertos para los extranjeros privados de libertad".

Otro gran problema al que se enfrentan es que su situación en el país es irregular, ya que accedieron al país con una visa de turista, por lo que al concluir su cautiverio no tienen acceso a los servicios públicos del país. Es el caso de la zaragozana Ana Pilar Gracia y su hijo, Jairo Gómez, que llevan más de tres años en el penal de Chorrillos, en Lima. Las autoridades estatales quieren que el niño ingrese ahora en un orfanato porque el padre tampoco tiene regularizada su situación.

Javier Casado, presidente de la Fundación +34, que presta apoyo a los presos españoles en el exterior, detalla el infierno que suponen las cárceles peruanas, especialmente las masculinas: "En la de Callao -donde hay un aragonés-, las reglas las ponen las mafias de reclusos. Mandan los presos, no los funcionarios. Es un lugar con mucha violencia, donde se concentran 3.000 hombres en un recinto pensado para 750. Hay hacinamiento, malnutrición y falta de servicios básicos. Las bandas cobran el 'derecho a piso', que si el recluso no satisface se ve abocado a dormir en el patio. Son lugares en los que uno sólo busca la supervivencia pura y dura, algo que refleja el hecho de que en los últimos años ahí hayan muerto doce españoles".

Además, una vez preso en Perú resulta muy complicado lograr el traslado a un centro penitenciario español. De acuerdo con la información facilitada por la Secretaría de Estado de Justicia, desde comienzos del año 2012 hasta el 4 de diciembre del año 2014, sólo se hizo efectivo el traslado de un ciudadano español para cumplir condena en España.

La Defensora del Pueblo subraya que los presos en otros países "son los españoles con mayor vulnerabilidad de sus derechos humanos". En el resto de Latinoamérica hay otros seis aragoneses, según los datos facilitados por la Fundación +34. Dos están en Brasil, mientras que Venezuela, Colombia, Panamá y Costa Rica dan cobijo cada uno a un preso. En la mayor parte de los correcionales de los tres primeros países se denuncia, como poco, el hacinamiento de los reclusos.

En Panamá el tráfico de drogas se castiga con dureza, y según su legislación los extranjeros no pueden acogerse al régimen de libertad condicional. Esto implica que un extranjero condenado por tráfico de drogas se enfrenta normalmente a una pena íntegra de entre diez y quince años de cárcel. En Venezuela, según Becerril, hay cárceles donde no se proporciona comida y son las familias, amigos y consulados los que procuran el alimento, que en caso contrario se consigue por mercadeo interno. Las cárceles brasileñas, por su parte, no disponen de médicos, sólo cuentan con una enfermería y los traslados a hospitales se autorizan "en escasas ocasiones".

El recuento de aragoneses se completa con los dos recluidos en Australia y uno en Turquía -"cuyas cárceles se corresponden con 'El Expreso de Medianoche', según Casado-. El decimoquinto, el más cercano, se encuentra en Francia, pero la droga no es el motivo de su encarcelación.

Dos que regresaron

La lista de aragoneses en cárceles lejanas se ha reducido en los últimos meses. En diciembre ingresó en Soto del Real un zaragozano de 22 años, Adrián B. L., después de pasar los cuatro últimos años en la cárcel colombiana de Palmira tras ser encausado por narcotráfico. Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, impidió una entrevista con el joven, cuyo caso es confirmado por dos oenegés y por su entorno.

El año pasado también regresó Isabel G. M., una zaragozana de 38 años que pasó algo más de doce meses confinada en Bolivia, de igual modo que su hijo mayor, de 18 años, que trataba de ayudarle a salir del país con un cargamento de droga. También les acompañaba la que por aquel entonces era su hija pequeña, que no llegaba a los dos años, que volvió a España con una nueva hermanita, nacida durante el encierro. A principios de 2015, Isabel retornó a la capital aragonesa y visitó a los trabajadores sociales que solían atenderla, aunque desde entonces aseguran haberle perdido la pista.







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