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Cortes de Aragón

Aprobada la Ley de medidas tributarias para mantener los servicios públicos

Quienes cobren más de 3.600 euros al mes en 14 pagas podrían verse afectados por la subida de impuestos "de forma ligera y progresiva".

Europa Press. Zaragoza Actualizada 28/12/2015 a las 16:48

Las Cortes de Aragón han aprobado este lunes, en sesión plenaria, la Ley de medidas tributarias para mantener los servicios públicos con los votos de PSOE, Podemos, CHA e IU, mientras que PP, PAR y C's han votado en contra.

El ponente ha sido el diputado socialista Alfredo Sancho. En el turno del PSOE, Alfredo Sancho ha expresado que esta iniciativa pretende ahondar en una mayor progresividad y justicia social, reforzando las políticas sociales mediante una recaudación "suficiente, adecuada y justa".

Desde Podemos, Héctor Vicente ha considerado "pertinente" esta ley porque "era necesario revertir la insuficiencia de fondos por la temeraria bajada de impuestos del anterior Ejecutivo" y ha recalcado que la contribución fiscal de los aragoneses está por debajo de la media de la UE.

Solo quienes cobren más de 3.600 euros al mes en 14 pagas podrían verse afectados por la subida de impuestos y además "de forma ligera y progresiva", ha continuado Héctor Vicente, quien ha recordado que el salario mínimo interprofesional está en 648,60 euros.

La diputada de IU, Patricia Luquin, ha señalado que esta reforma incidirá "un poquito" en la redistribución y la progresividad para financiar políticas públicas esenciales y ha pedido a PP, C's y PAR que "dejen de ser alarmistas". Ha rechazado el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA).

El parlamentario de CHA Gregorio Briz ha dicho que el pacto del presidente, Javier Lambán, con los otros partidos de izquierda pretendía "desarrollar un sistema tributario justo que garantizase los principios de igualdad y progresividad" para impulsar el Estado del Bienestar. Ha dicho que esta reforma es "tibia".

"Incumplimiento"

El diputado del PP, Antonio Suárez, ha afirmado que este es "el último acto del incumplimiento del compromiso del presidente Lambán con los aragoneses", ya que "se había comprometido a no subir los impuestos" salvo a las compañías hidroeléctricas. Es una ley "difícil de aceptar para los aragoneses" por conllevar una subida tributaria.

Ha subrayado que "afecta a toda la estructura impositiva" con "nada menos que seis impuestos nuevos", y ha pronosticado que "los efectos van a ser muy negativos", en alusión expresa al sector de la nieve, el transporte, la hostelería y los talleres de vehículos.

Suárez ha lamentado la "falta de transparencia" de este proyecto de ley porque se desconoce cuánto afecta la subida recogida en las enmiendas de Podemos y ha observado que en la fase de Ponencia solo se ha aprobado una de las 20 enmiendas del PP.

El parlamentario del PP ha dicho que la subida del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que afecta a la compra de vivienda usada, perjudicará a los que tienen menos poder adquisitivo y que el impuesto sobre determinados hidrocarburos causará "un gran perjuicio" a muchos sectores. Ha pedido suprimir el impuesto sobre el transporte por cable, que pagarán las estaciones de esquí.

El diputado de C's, Javier Martínez, ha lamentado que esta ley subirá los impuestos "a todos los aragoneses" y que tras la fase de enmiendas el resultado es "todavía peor". "Esto tiene una pinta horrible", ha opinado
Ha preguntado cuánto va a costar a los aragoneses pagar el Impuesto sobre la Contaminación del Agua y se ha dirigido a Podemos para decir que "su intención de nadar y guardar la ropa puede resultar muy perjudicial a todos los aragoneses".

En representación del PAR, Elena Allué ha dicho que su partido "no puede estar satisfecho", ya que la mayoría no ha aprobado ninguna de sus enmiendas y tampoco se han aprobado la mayoría de las de PP y C's, afirmando que la fase de Ponencia "no ha servido sino para empeorar todavía más la situación de las clases medias aragonesas".

Esta ley perjudicará la reactivación económica y dificultará la creación de empleo, posibilitando la fuga del consumo y la inversión a otras comunidades, ha considerado Allué, quien ha lamentado el "paso atrás" en el impuesto de sucesiones y actos jurídicos documentados.







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