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En Aragón

Hasta 11,8 millones de euros en prestaciones de desempleo fraudulentas en Aragón

Un informe del Tribunal de Cuentas critica el "control deficiente" por parte del SEPE.

A. Maluenda. Zaragoza 02/01/2016 a las 06:00
Oficina del INAEM en Zaragoza

La sociedad española ha sido testigo durante los últimos años de situaciones familiares dramáticas en las que los padres agotaban sus prestaciones por desempleo mientras no conseguían reengancharse al mercado laboral. Los servicios sociales municipales y autonómicos, las pensiones de los mayores y algunas entidades privadas han tratado de cubrir unas carencias básicas que han ocupado cientos de titulares en los medios.

De manera paralela se han ido detectando numerosos casos de cobros irregulares de subsidios por parte de personas a las que no les correspondían esos ingresos por no cumplir con la normativa, ya sea por no estar inscritos en el servicio o por rechazar actividades formativas. Se han dado incluso algunos casos de ciudadanos fallecidos a los que se les seguían abonando cantidades de dinero.

Según se detalla en un reciente informe del Tribunal de Cuentas, el Estado tenía pendiente de recuperar, solo en Aragón, entre 8 ,4 y 11,8 millones en el arranque de 2014 -último dato facilitado por el organismo-.

La horquilla de tres millones en la deuda generada en la Comunidad se debe a que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) proporcionó, en función de la fuente de información utilizada, tres cifras distintas en relación con el número de deudores y los montantes. Desde el Tribunal de Cuentas se critica esta notable inexactitud: "Las diferencias denotan contradicciones entre los datos utilizados por el organismo, así como un control deficiente, lo que no permite una adecuada gestión de los cobros indebidos".

El informe también refleja la existencia de lagunas en el flujo de información que se produce entre las aplicaciones informáticas en algunos trámites del procedimiento, derivadas de la falta de integración de dichas aplicaciones.

En el estudio se subraya que "la información presenta varias deficiencias, como la existencia de 35.025 deudores en toda España que presentaban datos distintos en las aplicaciones informáticas utilizadas; incoherencias en la información debidas, fundamentalmente, a errores de registro o transcripción; así como la existencia de deuda anterior al 31 de diciembre de 2009, presumiblemente prescrita, por importe de 81,6 millones (un 10% del total)".

Asimismo, el inventario del SEPE recogería una deuda derivada de supuestos de responsabilidad empresarial por importe de, al menos, 1,2 millones, que las direcciones provinciales "habían dado de baja por tratarse de créditos incobrables".

Del total de la deuda por responsabilidad empresarial, "un 52% se podría calificar de muy difícil cobro" por corresponder a empresas que figuraban en situación de baja o presentaban deudas bajo el amparo legal de la insolvencia.

Por otra parte, el Tribunal denuncia que el SEPE "no realiza contrastes específicos con el Registro Civil para la detección de cobros indebidos generados por el pago de la prestación a personas fallecidas". Tampoco existiría un acuerdo con los servicios de Empleo autonómicos "por el que estos tengan que remitir información sobre la existencia de rechazos de oferta de empleo, de rechazos o abandonos de itinerarios formativos o de cualquier otro requisito necesario para el mantenimiento de la prestación".

Asimismo, el organismo afea al Ministerio de Empleo el no haber suscrito, hasta el momento, ningún convenio con el Consejo General del Poder Judicial para la comunicación de sentencias favorables a los trabajadores con motivo de despidos individuales o colectivos.







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