La DGA prohibirá los desahucios hasta que los afectados tengan una alternativa

El Consejo de Gobierno de la DGA ha aprobado este martes su decreto de emergencia social, cinco meses después de la investidura de Javier Lambán como presidente de Aragón.

Entre las medidas que incluye figuran la inembargabilidad de las ayudas sociales, la suspensión de desahucios hasta que los afectados tengan una alternativa, la obligatoriedad de las entidades financieras a ceder a la administración las viviendas procedentes de lanzamientos hipotecarios o la prohibición de cortar el suministro de energía a familias vulnerables.

Así lo han explicado el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, que ha comparecido acompañado por los titulares de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y Vertebración del Territorio y Vivienda, José Luis Soro. "Cumplimos los acuerdos de investidura del presidente Lambán", ha afirmado Guillén.

Además, el Ejecutivo ha aprobado la Ley de Integridad y Ética Pública, con la que el Gobierno quiere luchar contra la corrupción, o ha acordado que la DGA asuma la deuda de 14 millones de la Universidad de Zaragoza.

Según ha informado la agencia Efe, el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha explicado que la "clave" del documento es que se "impone" a los poderes públicos la obligatoriedad legal de promover alternativas habitacionales a todas las personas en situación de vulnerabilidad que se vean afectadas por ejecuciones hipotecarias o por desahucios por impago de alquiler.

Así, por una cuestión de "decencia social", se obliga a los bancos a ceder las viviendas vacías que han obtenido por lanzamientos hipotecarios a disposición del Fondo Social de Vivienda de Aragón, a cambio de una contraprestación económica que se fijará posteriormente en una orden del departamento competente.

Los beneficiarios pagarán una renta que no deberá superar el 30%de los ingresos de la unidad familiar, y el resto será asumido por el ejecutivo autonómico, al tiempo que se establecen "multas coercitivas" para las entidades que incumplan esta obligación, que se establecen en el 1% del valor catastral de la vivienda el primer mes, el 2% el segundo y el 3% el siguiente, y así sucesivamente hasta un máximo del 25%.

Soro ha explicado que no se trata de una expropiación ni de confiscar viviendas, algo que legalmente es imposible hacer, sino ponerlas "al servicio de las personas" con una cesión del uso.

También ha anunciado la próxima revisión del convenio que el ejecutivo firmó con la Sareb para la provisión de viviendas vacías, en tanto en cuanto sólo se han proporcionado ochenta y ninguna de ellas ha podido ser utilizada por sus malas condiciones.

Además, el decreto incluye medidas procesales, como la suspensión de los lanzamientos hipotecarios a personas con especial vulnerabilidad y hasta que éstas no tengan una alternativa, circunstancias que también determinará el departamento de Vivienda.

Para ello, se ha pedido la colaboración de los tribunales, con el fin de comuniquen todos los casos de ejecución presupuestaria y el gobierno aragonés pueda poder en marcha los mecanismos necesarios.

En el caso de desahucios por impago de alquiler, de forma excepcional la administración autonómica puede hacerse cargo del pago de forma provisional hasta que se encuentre una solución.

También se regula la creación de un registro de viviendas desocupadas. Así se consideran a las que no se hayan destinado a uso residencial durante seis meses consecutivos, aunque se considerarán causas justificadas, como las malas condiciones materiales, que esté ocupada ilegalmente o que se destine a uso turístico.

Y se crea un fondo único que incluirá todas las viviendas del sector público disponibles en Aragón para mejorar su gestión.

Estas medidas, con un coste estimado de trece millones de euros, que se incluyen en los presupuestos de Aragón para 2016 y que podrían también recibir financiación de los bancos, convierten a Aragón en la comunidad autónoma con la legislación en materia de vivienda "más avanzada, ambiciosa y social" el Estado español, según el consejero.

En la parte de las ayudas de emergencia, el decreto establece que las prestaciones económicas de carácter social son inembargables y se elevan a rango de ley, considerándolas un derecho subjetivo, por lo que son reclamables, obligatorias y no pueden estar sujetas a la disponibilidad presupuestaria.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha explicado que también se prohíbe el corte del suministro de la electricidad, el gas o el agua a personas en situación de vulnerabilidad, siempre que así lo determine un informe de los servicios sociales.

Para ello se firmarán convenios con las empresas suministradoras, como ya se ha suscrito con Endesa, que asumirán el coste hasta que el gobierno aragonés tramite el expediente y conceda las ayudas correspondientes, ha explicado Broto.

Y, finalmente, se incluye una medida para que los perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción que al cumplir los 65 años no tengan derecho a una pensión de jubilación puedan seguir percibiendo esta ayuda.

Toda esta batería de medidas se complementa con el compromiso del gobierno de dar preferencia a la tramitación de expedientes relativos a prestaciones económicas del sistema de servicios sociales.