La calificación energética de viviendas y edificios públicos ha avanzado a buen ritmo a lo largo del último año en Aragón... aunque esto haya servido para constatar que la antigüedad del parque de viviendas de la Comunidad no las deja en buen lugar en materia de eficiencia.

Desde el verano de 2013, a instancias de una normativa europea, es obligado realizar un certificado energético por parte de un técnico avalado para todas aquellas viviendas de nueva construcción y las que se pongan a la venta o al alquiler. Con ello, se pretende evaluar la cantidad de energía que 'pierde' un inmueble y las emisiones que produce, con el fin de dotar al inquilino de un mayor conocimiento sobre cuánto puede costarle al mes la factura de la luz e incentivar posibles medidas para evitarlo.

La obligación, no obstante, solo implica obtener el certificado, independientemente de la calificación que se consiga, que van de las letras A a la G, siendo la primera el equivalente a una gran capacidad de eficiencia energética. Y en cierto modo menos mal que es así, porque a la luz de los últimos datos facilitados por el Gobierno de Aragón, solo un 5% de todos los edificios calificados hasta la fecha ha obtenido una de las tres mejores calificaciones.

Aunque Aragón aplicó con cierto retraso esta medida debido a que el registro en el que se recogen estos datos fue uno de los últimos en ponerse en marcha, a lo largo de los últimos meses han sido unos 20.000 los inmuebles calificados, pasando de los apenas 8.800 que había a finales de 2014, a los 27.037 edificios certificados que hay en la actualidad.

Este aumento está relacionado con el repunte de las ventas de viviendas de segunda mano y alquileres sucedido también en los últimos tiempos. De hecho, un 68,2% de los certificados inscritos corresponden a alquileres, un 30% a ventas, mientras que apenas el 1,8% lo son de viviendas de nueva construcción y edificios públicos, que desde el pasado verano también están obligados.El parque de vivienda antigua suspende

El gran lastre en las calificaciones en Aragón lo representa -al igual que en toda España- el gran número de vivienda de antigua construcción. En concreto, 15.149 de todas las viviendas calificadas (el 56% del total) fueron construidas antes de 1980, algunas incluso antes de que existieran normativas como la de aislamiento.

De este modo, prácticamente el 84% de los edificios evaluados (unos 22.700) en la Comunidad obtienen las tres peores notas de la normativa, lo que implica que, en el peor de estos casos, se ha detectado que estos inmuebles tienen un consumo de energía de hasta un 125% superior a la media en relación a sus metros cuadrados y a unos indicadores confortables de funcionamiento y ocupación. Algo que, de forma paralela, también se traduce en un mayor gasto a la hora de pagar las facturas.

Según una serie de ejemplos que realizan los técnicos de la DGA en el último Boletín de Coyuntura Energética, traduciendo las letras del certificado a dinero, una vivienda con clasificación E (la más habitual) que tenga un gasto energético de 1.100 euros al año podría reducirlo hasta los 250 en el caso de que fuera A, mientras que, por el contrario, podría ascender hasta a 2.100 euros anuales en caso de tener la peor calificación. Para hacerse una idea de lo que supone obtener una calificación A, solo hay que saber que tan solo 11 de las 27.000 viviendas calificadas en Aragón la han conseguido. Y es que, entre las recomendaciones que se dan para obtener esta 'nota' está contar con calderas de biomasa, iluminación led, utilización de geotermia, como podría ser un suelo radiante o que el edificio esté construido con materiales eficientes.

Además, a la par de las certificaciones, también han comenzado las inspecciones para detectar los fraudes. Hasta la fecha en lo que va de año han sido ocho las denuncias recibidas, la mayoría de ellas relacionadas con alquileres en las que el propietario no entregó el certificado energético a los inquilinos. En el caso de las infracciones más graves, como la falsificación del informe, las multas pueden llegar hasta los 6.000 euros.