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Cortes de Aragón

​El Justicia de Aragón dice que las administraciones le ignoran en el 16% de los casos que denuncia

Fernando García Vicente ha explicado que en 2014 su equipo tramitó 2.501 quejas de los ciudadanos.

Efe. Zaragoza Actualizada 04/11/2015 a las 14:57
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, en su intervención en las Cortes de Aragón.Oliver Duch

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha insistido en manifestar su queja por la falta de contestación que recibe a sus recomendaciones y sugerencias, que en lo que respecta a 2014 ascienden al 16 por ciento de las 422 formuladas.

En la defensa ante el pleno de las Cortes de Aragón del informe de su institución correspondiente a 2014 (que ha recordado que él entregó en tiempo y forma, en febrero de 2015), García Vicente ha asegurado que las cifras demuestran que su actividad está consolidada y que es una institución "próxima a los ciudadanos".

Pero ha vuelto a alertar de las demasiadas ocasiones en las que sus sugerencias a las administraciones no obtienen respuesta, lo que se puede deber a tres cosas: o no se sabe qué contestar, o prefieren no enfrentarse con el Justicia, o los gestores han hecho de la queja "una cuestión personal", sobre todo en los municipios más pequeños.

"Hay que contestar al Justicia", ha recalcado, pero esto no se puede resolver por las leyes por la propia condición de esta figura, que utiliza "la persuasión y no la imposición" y que busca "resolver problemas antes que encontrar a los culpables" de los mismos.

Por eso, y en respuesta a los portavoces de todos los grupos, quienes han lamentado esta falta de respuesta más o menos habitual, ha incidido en que antes que cambiar la ley hay que "cambiar la mentalidad", en tanto en cuanto ya se podrían interponer querellas contra las administraciones que ignoran al Justicia.

De las 422 sugerencias formuladas, las administraciones públicas aceptaron el 62 % y rechazaron el 22 %, y quedaron sin contestar el citado 16 %.

El mayor número de sugerencias correspondió al área de Bienestar Social (124), y fueron aceptadas 73 y rechazadas 44. Es el área con más rechazos ya que prácticamente no se aceptaron todas en las que el Justicia ponía en evidencia retrasos en la aplicación de la ley de la Dependencia.

El índice de aceptación más alto corresponde a Educación (80 %) y Sanidad (81 %).

Respecto a su actividad, García Vicente ha explicado que en 2014 su equipo tramitó 2.501 quejas (un 3 por ciento más que el año anterior), de las que 1.999 se han solucionado, lo que equivale al 80 %. En tramitación siguen 65 (un 3 %), mientras que las archivadas sin haber podido llegar a una solución son 149 (el 6 %).

Un total de 178 quejas fueron avaladas por un número significativo de personas, pudiendo considerarse asuntos "colectivos" y el Justicia abrió 170 expedientes de oficio.

Por áreas, García Vicente ha destacado que se redujeron a la mitad las quedas sobre el retraso en la concesión del IAI, aunque siguieron siendo 165 de las 423 totales en el área de Bienestar Social, y se recibieron 100 relacionadas con la ley de Dependencia.

En Educación, descendieron las quejas relacionadas con la concesión de becas de comedor, mientras que en el área de Hacienda destacan las relacionadas con la valoración de bienes inmuebles para el pago de impuestos.

Las listas de espera en especialidades y la negativa a financiar determinados tratamientos centran las quejas en Sanidad, área en el que los defensores del pueblo realizaron recientemente un informe sobre las Urgencias.

Para García Vicente, sólo el 20 % de los casos de Urgencias merecerían esta consideración, algo que ha achacado al mal funcionamiento de la Atención Primaria y a la falta de educación sanitaria.

El Justicia ha reconocido el mal funcionamiento del Registro Civil, que ha pedido a la Policía que investigue por si estuviera siendo víctima de ataques informáticos, y ha pedido transparencia en la contratación pública para evitar las modificaciones de contratos públicos que disparan el precio de las obras de forma desorbitada en ocasiones.

García Vicente también ha mediado en asuntos relacionados con la contaminación por lindano, la falta de vivienda, el canon de saneamiento, la política sanitaria mortuoria, las barreras arquitectónicas, la tarjeta única de discapacidad para permitir el aparcamiento en todos los municipios de Aragón o la pobreza energética.

Con el objetivo de contribuir a la difusión de la actividad de la institución y del Derecho Aragonés, la institución publicó en 2013 cinco libros y García Vicente pronunció quince conferencias.

El presupuesto del Justicia ascendió a 2,025 millones de euros, un 0,73 % menos que en 2013. 







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